Rescisión de contrato a las empresas que no paguen nóminas a sus empleados

El Pleno aprobó por unanimidad de todas sus fuerzas políticas una moción propuesta por el Grupo Socialista para establecer en todos los contratos que firme a partir de ahora la Administración local la exigencia de que los adjudicatarios estén al corriente en el pago de las nóminas, así como la elaboración de un mecanismo que permita rescindir contratos con empresas cuando haya retrasos continuados en el pago a sus trabajadores.

El PSOE explicó que la medida, propuesta por la concejal socialista Susana López responde a la situación de empresas como Claros, del servicio de ayuda a domicilio, «que arrastra desde hace meses retrasos y fraccionamientos en el pago de las nóminas a los trabajadores». Las medidas de control, tras el informe del secretario del Ayuntamiento, sólo se podrán aplicar en los contratos que firme a partir de ahora la Administración local, concretó.

«Hay trabajadores de muchas empresas adjudicatarias del Ayuntamiento que sufren impagos. Consideramos que es posible integrar obligaciones para el pago en plazo de las nóminas en los contratos suscritos entre el Ayuntamiento y las empresas como una primera solución para tratar de resolver este problema», indicó López, quien agradeció el apoyo de PP e IU a esta medida «que permitirá la introducción de un nuevo criterio en las adjudicaciones del Ayuntamiento».

La propuesta había sido, además, previamente analizada por el Grupo Socialista con los trabajadores afectados por situaciones de impagos o de retrasos en las nóminas, como es el caso de la plantilla de la empresa Claros, señaló. Según la propuesta aprobada por unanimidad este viernes en el Pleno, en todos los anuncios de licitación o pliegos y contratos del Ayuntamiento se incluirá la obligación de estar al corriente del pago de las nóminas durante toda la duración del contrato con el Ayuntamiento. De esta forma, en aquellos casos en los que no se cumpla, y se produzcan retrasos continuados en los pagos de nóminas, se iniciarán los procedimientos para la resolución de los contratos e incluso les podrán ser retenidos los créditos que tengan con el Ayuntamiento.