La pasta secesionista

El Ministerio de Hacienda se ha lanzado a localizar la pasta secesionista, el dinero que sustentó la declaración de independencia de Cataluña. Y lo está buscando en las subvenciones otorgadas por la Generalitat a diversas empresas y entidades nacionalistas, así como en los encargos y becas para hacer estudios sobre las «ventajas de la independencia». Ni que decir tiene que los afectados acusan al secretario de Estado del ramo de organizar una caza de brujas; y hay quien habla incluso de macartismo. Por mi parte no tengo nada que objetar: ¡sólo faltaría que con los créditos del FLA el Estado estuviera financiando su propia destrucción!

Claro que, puestos a buscar a los culpables de semejante desaguisado, los de Hacienda también deberían mirar dentro de su coleto. O más bien en el del Ministerio de Economía. Me explico: el trabajo más acabado sobre lo que España les roba a los catalanes y los enormes beneficios que éstos obtendrían de la independencia, es uno que, en 2014, publicaron Núria Bosch y Marta Espasa. Desde que, en 1933, Jaume Alzina pariera el invento del déficit fiscal y, ya en 1972, Ramón Trias Fargas lo desvinculara de la balanza de pagos regional –cometiendo un latrocinio metodológico infumable–, nadie lo había hecho mejor para los intereses secesionistas que estas dos catedráticas de Barcelona, la una miembro del Consejo Asesor para la Transición Nacional, y la otra del Consejo Asesor para la Reactivación Económica de la Generalitat. Su estudio lo editó, pese a que sus severas deficiencias teóricas y empíricas no lo hacían apto para una publicación académica, la Revista de Economía Aplicada –de la que, para mi vergüenza, fui uno de sus socios fundadores hace un cuarto de siglo, aunque entonces lo que pretendíamos era difundir investigaciones realizadas con la «utilización apropiada de los principios del análisis económico según sus más solventes manifestaciones»–. Pero lo más interesante de todo es que el trabajo de marras fue financiado por el Plan Nacional de I+D+i –concretamente en el proyecto ECO2012-37131– gestionado por el Ministerio que acaba de dejar Luis de Guindos.

O sea que, en esto de meter el dinero donde no se debe, los pecadores no sólo pululan por las estructuras de la Generalitat, sino también por las del Estado. Es lo que tiene la funesta costumbre de hablar con suavidad a los nacionalistas en vez de discutir seriamente con ellos acerca de sus pretensiones y propuestas. Es verdad que, hablando con voz meliflua, no se hieren sus sentimientos –pues los nuestros son lo de menos–, pero tiene la desventaja de que, así, nos sacan la pasta secesionista casi sin que nos enteremos.