Los bienes de la Iglesia

La Razón

Mientras la Fundación Pablo VI y la Conferencia Episcopal anuncian unas interesantísimas jornadas sobre la transición con María Teresa Fernández de la Vega y Alfredo Pérez Rubalcaba compartiendo tribuna con Monseñor Fernando Sebastián y Monseñor Antonio Cañizares, el Estado ha denunciado la inmatriculación de los edificios de culto de la Iglesia. Unos miran hacia delante y otros reman hacia atrás.

Es un rumor a voces que la próxima convocatoria de elecciones en Andalucía es el pórtico de los comicios generales, así que Pedro Sánchez ya está en campaña (en realidad lleva en ello desde que llegó). La especialidad de este hombre es generar un enemigo para aunar voluntades en su contra. Eso hizo con Mariano Rajoy. Gracias al leitmotiv «todos contra Mariano» unificó voluntades tan dispersas con las de los nacionalistas periféricos o Podemos. Anda ahora buscando enemigo y probando cómo colgarle el sambenito a los católicos. Lo intentó primero con la asignatura de religión y educación para la ciudadanía y ha vuelto con ello a través de las veladas amenazas de la ministra Celaá a la enseñanza concertada (el 60 por 100 de ella es católica). El último amago es esto de litigar por las propiedades de la Iglesia.

Hasta 1998 la ley no permitía a las diócesis inscribir sus edificios de culto. La reforma del reglamento hipotecario lo permitió entonces. Evidentemente no se trató de títulos de propiedad nuevos, sino de altas registrales de ermitas y templos que siempre habían estado en manos de la Iglesia.

Uno de los más famosos ejemplos es la Catedral-Mezquita de Córdoba, reclamada en su día por la alcaldesa de la ciudad. El templo se construyó en época musulmana sobre la iglesia visigoda de San Vicente (como pueden apreciar los turistas que se asomen a los cristales del suelo que muestran las excavaciones) y, tras la reconquista de Córdoba en 1236, fue convertida en catedral cristiana de por orden de Fernando III el Santo. Desde entonces, ininterrumpidamente, ha sido gestionada por la Iglesia Católica. Naturalmente la catedral mezquita es Patrimonio Histórico, de manera que no se puede disponer de él de forma arbitraria. La ley obliga a la propiedad a su mantenimiento. No se entiende el alboroto que el PSOE y Podemos organizan en torno a éste u otros inmuebles cuyo uso está perfectamente regulado y que, en el caso de obras de valor artístico tan alto, están abiertos a todos. Al ataque del Gobierno ha respondido la Conferencia Episcopal con la tranquilidad de quien confía en el estado de derecho. Los tribunales, llegado el caso, tendrán la última palabra. Pero es lástima que el socialismo de Pedro Sánchez rechace la mano tendida.