Opinión

El rebote

Creo que no hago tremendismo si afirmo que hay quienes están empeñados en llevar a las instituciones a un nivel de degradación ya insufrible. Algunas, como La Corona, rozaron el desastre y supieron regenerarse, pero otras siguen en un inquietante proceso de degradación. Por citar los casos más recientes ahí tenemos el panorama tabernario del Parlamento, del cual no hablaré porque escapa a mis competencias. Obviamente sí puedo referirme al judicial porque callar sería irresponsabilidad. Llevo décadas recordando por escrito o de palabra y siempre con publicidad, qué fue lo que llevó a la izquierda en 1985 a traicionar el pacto constitucional sobre la Justicia, motivos que quizás en ese momento fuesen coyunturales, pero respondían a un ADN ideológico que sigue vivo y que resumiría en que no es capaz de concebir un ámbito del poder del Estado ajeno a su control. Y durante ya hace muchos años llevo recordando cómo la derecha se traicionó a sí, y a su electorado, asumiendo esa reforma que en su momento se comprometió a enmendar.

Cada renovación del Consejo General del Poder Judicial nos recuerda que con la Constitución –cuyo cuarenta aniversario celebraremos la semana que viene– se pactó una Justicia erigida en poder del Estado, independiente y que pasaba por alejarla de los intereses partidistas, no que la Justicia fuese ajena al discurso político, porque es obvio que un partido debe tener una política judicial que ofertar. Y cada renovación nos recuerda que ese pacto implicaba que el Consejo fuese elegido directa, libre y mayoritariamente por los propios jueces.

La renovación ahora abortada ha mostrado la degradación a la que hemos llegado. Primero pactándose el futuro presidente antes de elegir a los vocales que son los que le eligen y luego ese whattsapp dirigido a los parlamentarios conservadores, tranquilizándoles ante el papelón de votar una renovación basada en un pacto infumable, porque estaba garantizado el control «por detrás» de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. A esto únase que ya es moneda de uso corriente que los partidos políticos ataquen a la Justicia, bien sea porque forma parte de su discurso populista o porque algunos ineptos entienden que así ganarán adeptos.

No hemos podido caer tan bajo, por eso me pregunto si este es el momento en el que se cumplirá la teoría del rebote: si se deja caer una pelota, rebotará poco si la altura es poca y dará un buen rebote si da un buen golpe y la altura es elevada. Esa teoría muestra que si la caída es potente y el golpe fuerte, el rebote lo será y la pelota iniciará con el golpe una buena remontada. Bueno, pues la Justicia lleva desde 1985 cayendo y me pregunto ¿habrá llegado ya al fondo, nos habremos dado el golpe final, inicio de un buen rebote?

Esperar de los políticos una reacción sanadora es esperar mucho. De la izquierda nada porque, repito, en su ADN lleva la idea contraria y del conservadurismo político, más o menos centrado, tampoco: al dejarle en evidencia ese whatsapp, su insolvencia le lleva a improvisar una enmienda en el Senado –justo lo que reprochaba al gobierno a propósito del equilibrio presupuestario– para volver de prisa y corriendo al modelo originario de elección del Consejo, lo hace a sabiendas de que no tiene posibilidades, cuando pudo hacerlo cuando tuvo dos mayorías absolutas y lo hace copiando –literalmente copiando– lo que decían las leyes en 1980 olvidando los cambios legales de estos años: frivolidad e ignorancia.

Queda la esperanza de que el rebote lo de la propia Judicatura. Hace una semana hacía huelga reclamando, entre otras cosas, respeto e independencia. Son reivindicaciones justas, pero echo de menos «un Marchena», reflexión y coherencia. Porque no tiene mucho sentido reclamar despolitización del Consejo y participar en el sistema de renovación que censura: ¿no habría sido la mejor huelga no proponer candidatos? Esta es una de tantas incoherencias que habría que depurar, como proclamar que somos un poder del Estado y hacer huelga, como funcionarios; o decir que la Justicia es un servicio público, olvidando que los servicios públicos los prestan las administraciones, luego los gobiernos. En fin, no sé, quizás es hay que caer aún más.