Sociedades instrumentales (I)

Se ha extendido en esta década la especie de que en España existe una casta diabólica de enemigos del pueblo caracterizados por haber tributado a través de sociedades y no como personas físicas. Semejante creencia ha provocado incluso la caída de ministros o su exposición en la picota. Como tantas nociones extendidas entre el vulgo, debe más a la demagogia que a la verdad. De hecho, tributar a través de una sociedad siendo un profesional ha sido siempre legal y durante décadas no ocasionó ninguna reacción de la Agencia tributaria no porque fuera negligente sino porque sus funcionarios sabían perfectamente que esa conducta era conforme a derecho. El cambio se operó de manera drástica a inicios de la presente década y, según distintas fuentes publicadas, obedeció a dos razones no desmentidas hasta la fecha. La primera fue domesticar a periodistas díscolos. Un personaje de los medios que ha pagado hasta el último céntimo a través de una sociedad y al que, de repente, se le obliga a volver a pagar como persona física, más intereses, más penalización previsiblemente acabará más suave que un guante. La segunda razón habría sido el crucificar públicamente a personajes celebres por eso de que el público escarmiento convirtiera a todos en voluntariosos contribuyentes. El método ya lo utilizó en su día Borrell con Lola Flores y con Pedro Ruiz cosechando un doloroso revolcón judicial en el segundo caso. Según diversas fuentes publicadas ya hace tiempo, los funcionarios de la Agencia tributaria eran más que conscientes de que esta interpretación no era la de décadas, pero optaron por aplicar la doctrina Eichmann, es decir, aquella que afirma que ellos se limitan a cumplir órdenes sin importar si se ajustan a la ley y a la moral. Esta interpretación novedosa y perversa del régimen fiscal de las sociedades llegó a su culmen en la época de Montoro que repartió bonus de decenas de millones de euros entre la gente de la Agencia tributaria para que recaudara lo que era imposible. Cuando además, violando la ley de protección de datos, publicó una lista de grandes deudores de Hacienda parecía haberse alcanzado la perfección. Se pisoteaba la legalidad –esa circunstancia que lleva a la Agencia tributaria a perder más del 51 por ciento de las causas en los tribunales– y se recaudaba sobre lo ya recaudado. Pero entonces... bueno, de eso hablaré otro día.