Felipe VI versus Wallace

Los ataques al Rey Felipe VI con ocasión del Mobile World Congress en Barcelona y su ejemplar respuesta confirman por centésima que estamos ante el único poder del Estado que defiende sin rodeos las instituciones democráticas. Su voz es una empalizada contra las mareas xenófobas, los funambulistas de la utopía y otros nostálgicos cromañones. Nuestro Rey, que tuvo su 23-F en octubre de 2017, ya había explicado durante el Congreso Mundial de Derecho que «no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del Derecho, pues sin el respeto a las leyes no existe ni convivencia ni democracia, sino inseguridad, arbitrariedad y, en definitiva, quiebra de los principios morales y cívicos de la sociedad». Pero ve y explícalo a los ibéricos discípulos de Carl Schmitt.

Lean al respecto el formidable libro de Javier Tajadura y Josu de Miguel, «Kelsen versus Schmitt: política y derecho en la crisis del constitucionalismo». Entenderán mejor las raíces intelectuales de un mal que dista de ser nuevo. Más allá de animar a los desalentados partidarios de la Constitución, que también, las palabras del Monarca permiten marcar perímetro frente a las derechas bolsonáricas, el peronismo kirchnerista y el nacionalismo xenófobo (pleonasmo): los tres virus aliados contra las democracias liberales en todo el mundo. Tres plagas que en España, y por circunstancias largas de explicar, han enraizado con tóxica pujanza. Tanto el hombre capaz de rebuznar que «la democracia está por encima de cualquier ley», Torra, como la activista que afirmó que «desobedeceremos las leyes que nos parezcan injustas», Colau, desprecian las lecciones de la lucha por los derechos civiles en EE UU.

Recuerden que en 1957 el presidente Eisenhower envió a la 101 División Aerotransportada del Ejército para garantizar la integración del instituto de Little Rock, Arkansas. Contra el criterio del gobernador, Orval Faubus, que había desafiado el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Brown vs. el departamento de Educación. Seis años más tarde, un juez del distrito en Alabama obligó a admitir a dos estudiantes afroamericanos en la universidad del Estado. El gobernador, otro racista, George Wallace, invocó la «voluntad popular» y cuestionó la legitimidad del judicial. A Kennedy no le quedó otra que poner bajo su mando la Guardia Nacional. A Felipe VI le está tocando recordar a nuestros Wallace particulares que nadie está por encima del «rule of law».