Será legal, pero no es de recibo

El presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, propuso una fórmula de compromiso para que el pleno de la institución de gobierno de los jueces diera el plácet al nombramiento de la ex ministra de Justicia y, hasta ayer mismo, diputada socialista en el Congreso, Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, con la menor fractura interna posible.

No queremos entrar en los motivos del magistrado ni alentar juicios de intenciones, pero sí dejar constancia de que su decisión habrá evitado un enfrentamiento mayor con el Ejecutivo, pero ha hecho un flaco favor a la imagen de la Justicia ante una opinión pública que constata una vez más, en vivo y en directo, como las supuestas inclinaciones ideológicas de los jueces determinan, en un trasunto de la aritmética parlamentaria, algunas resoluciones jurisdiccionales de innegable trascendencia social.

En este sentido, y por más que les pese, opera la palmaria incoherencia de los vocales del CGPJ designados por los partidos de la izquierda y nacionalistas, que se llenan la boca de prevenciones y rigurosidades cuando se trata de examinar a un candidato intuido como ideológicamente contrario, pero admiten cualquier barbaridad cuando existen relaciones de afinidad. Porque barbaridad es que una ex ministra socialista, presentada en listas electorales bajo las siglas del PSOE, transite sin solución de continuidad de la política partidista a un cargo que, por definición, se atiene a los principios de independencia y autonomía.

Tal es así, que nuestro ordenamiento jurídico establece claramente que los magistrados y fiscales que hayan desempeñado una actividad política tendrán que abstenerse en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público. Pues bien, estas cautelas legales, que tratan de salvar la apariencia de imparcialidad de quienes están encargados de administrar Justicia y que tienen su correspondencia en el propio estatuto del Ministerio Público, no sólo son insalvables en el caso de Dolores Delgado, sino que deberían haber llevado al seno del pleno del CGPJ un debate en profundidad sobre la idoneidad de la candidata, debate que se hurta en beneficio de un, a nuestro juicio, mal entendido respeto institucional.

Ciertamente, la aquiescencia del Consejo, aunque preceptiva, no es vinculante, pero ello no redime a los vocales de su responsabilidad, más aún, cuando el actual Gobierno parece estar determinado a interferir en determinados procedimientos judiciales por meras razones de oportunidad partidaria. Que vaya a ser fiscal general del Estado y con el aval de los jueces españoles una profesional de la Justicia que se negó a defender a un magistrado mendazmente atacado por el separatismo catalán, nos lleva mucho más allá de la tolerable servidumbre hacia la política. Que la vocal propuesta por Izquierda Unida, Concepción Sáez, azote de candidatos «conservadores», no tenga empacho en formular un voto concurrente a favor de la idoneidad de la ex ministra es la mejor confirmación de lo que denunciamos. Porque el nombramiento de Delgado será legal, no lo dudamos, pero no es de recibo y, como tal, sólo contribuirá a fomentar la desconfianza social en la imparcialidad de la Justicia y la división en el seno de una magistratura que está recibiendo insólitos ataques a su profesionalidad y buen hacer, incluso, por parte de quienes, desde los altos cargos públicos que ostentan, más obligados están a su defensa. Pero si lo que pretende el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con está decisión, auténtico golpe de autoritarismo, es crispar y enfrentar a la sociedad, no cabe duda de que está en el camino correcto.