Cambio en las reglas del juego

Desconocemos si el Gobierno no ha estado coordinado al gusto de su presidente. De lo que sí estamos seguros es de que ha habido un cambio radical en algunas cuestiones políticas. No se trata de juzgar precipitadamente la labor de un Ejecutivo que lleva tan solo un mes, sino de unas decisiones que no pueden esconder que son el sello de marca de esta nueva etapa. Desde este punto de vista, los primeros pasos de la coalición PSOE-Unidas Podemos son preocupantes. El error, como es sabido, está en el origen, tanto en el acuerdo que llevó a Pablo Iglesias a la vicepresidencia y disponer de cuatro carteras –lo que le ha convertido en virtual ganador de las elecciones, aun perdiendo siete diputados– y la hipoteca que supondrá, como en el pacto sellado con ERC y otras servidumbres con partidos como EH Bildu, hecho que, además de la dudosa moralidad que supone, ha descompuesto las bases del pacto del 78. Situar a ambos lados de esta línea a PSOE y PP es un error y una estrategia irresponsable.

Si este cambio busca o no alterar la base de los grandes pactos constitucionales, no tiene importancia porque en política lo que se valora no son las intenciones, sino las consecuencias de los actos. Algunas muestras ya están encima de la mesa. El acuerdo de investidura con los independentistas obliga, sobre el papel, a unas concesiones que tan solo unos meses atrás eran inaceptables para Sánchez, como abrir una mesa de diálogo político sin que los autores del golpe contra la legalidad de octubre de 2017 se retractasen en nada. Se reunió con Joaquim Torra en un encuentro degradante para el Gobierno: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha retirado, en sentencia firme, el acta de diputado del presidente de la Generalitat por desobedecer las leyes. Ahora, además, exige que para su delirante «diálogo» haya un «relator» que dé cuenta de lo acordado. Todo, por apuntalar su continuidad en La Moncloa. Entre otras condiciones, la «desjudicialización» del «proceso», lo que supuso dar un salto cualitativo en la manera de entender la división de poderes por el sanchismo: nombró fiscal general del Estado a su anterior ministra de Justicia, Dolores Delgado. A continuación, anunció la reforma del Código Penal, especialmente del artículo 544 que afecta al delito de sedición, que es por el que han sido condenados los independentistas que encabezaron el golpe, y cuyas penas quedaría reducidas si no puestos en libertad. Lo pactado se está cumpliendo con una celeridad envidiable con el objetivo de llegar a tiempo a la aprobación de los Presupuestos antes del verano, aunque suponga descoser la cohesión territorial basada –en teoría– en la solidaridad e igualdad.

Las comunidades autónomas reclaman la devolución del IVA que le corresponde, ante la negativa del Gobierno, mientras éste muestra toda su comprensión ante la deslealtad administrativa de la Generalitat. Agravio y desprecio hacia sectores como el agrícola que viven desde hace años en una permanente crisis solventando el problema con la plantilla ideológica de que el campo siempre es conservador –y cómo no serlo– y nada afín a la guerra cultural a la que la izquierda se ha abonado. Ha habido, además, un cambio sustancial en un punto central de la política internacional: el papel de España ante la situación de Venezuela y la relación con el régimen chavista. El trato recibido por el presidente encargado, Juan Guaidó, y la deferencia de José Luis Ábalos hacia la segunda de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, al entrevistarse con ella en Barajas cuando tenía prohibida su entrada en España indica que es un cambio inspirado por Podemos, el mayor aliado del régimen venezolano. El Gobierno de Sánchez ha cambiado las reglas de juego, incluso hacia una institución central como la Monarquía parlamentaria.