Un gran acuerdo nacional por España

Ni el estratega mejor informado de La Moncloa podía prever que la coalición de izquierdas gobernante tuviese que afrontar a los meses de su constitución la peor crisis sanitaria que ha tenido España, ni, como consecuencia, la recesión económica que se nos viene encima. Se trataba de un Gobierno de laboratorio, fabricado con más dosis de ambición de poder que reflejo real del pulso de la sociedad española, muy alejado de realidad del país en todos los aspectos –político, social, económico–, con un programa de mucha simbología ideológica, pero que era incapaz ni siquiera de aprobar los presupuestos. Ya no por los apoyos de ERC y Bildu, asociación que ha descompuesto un pacto no escrito entre las fuerzas constitucionalistas por su nulo interés en la gobernabilidad del país, sino por su socio principal, Unidas Podemos. Su papel en la pandemia del Covid-19 es, peor que irrelevante, un verdadero impedimento para transmitir al país un activo que no cuesta dinero: confianza en sus gobernantes. Es decir, en la peor crisis en décadas, tenemos al peor gobierno posible. Salvando los ministerios de Estado, la mayoría corresponden a cuotas políticas para conformar a todas las «sensibilidades». La formación de Pablo Iglesias está más preocupada en aplicar políticas de estatalización de la economía, cuando no abiertamente de nacionalización de determinados sectores estratégicos, que en arbitrar medidas para contener el virus o, por lo menos, sus efectos sociales. La última propuesta de la vicepresidencia de Iglesias ha sido intentar aprobar un llamado «ingreso mínimo vital puente» hasta la aplicación del IMV definitivo. Su intención, como viene siendo habitual, es sobrepasar al Gobierno y persistir en su estrategia de enfrentamiento con el núcleo duro de Pedro Sánchez, sin tener preparado un texto legal intachable o el concurso de las comunidades autónomas, que son quienes deben implementar dicho IMV. De nuevo estamos en una de las patéticas maniobras para acaparar la luz en una crisis en la que Iglesias y su equipo no tiene nada que ofrecer. Para afrontar la recesión en la estamos entrando, tarde o temprano Sánchez deberá romper amarras con Iglesias.

El estado de Alarma decretado por el Gobierno y prorrogado ha sido una medida lógica, pero se puso en marcha con retraso, al ritmo que marcaba el avance del virus y, sobre todo, el número de muertos. Se ha paralizado la economía del país, cuyas consecuencias serán nefastas, como advierten el Banco de España o el Fondo Monetario Internacional. En esta situación, lo más razonable es que Sánchez hubiese consensuado con los partidos de la oposición las medidas, compartir las responsabilidades y no cerrarse en un optimismo teatral como el que tuvimos que ver esta semana en el Congreso. No contar con los empresarios es desconocer la realidad de nuestra economía. España ni es líder en las medidas contra el Covid-19, ni es un ejemplo de cómo abordar una crisis de estas dimensiones: los números de fallecidos son tristemente demoledores. Desde un principio, reaccionó tarde, no se valoró adecuadamente las medidas a aplicar, se cometieron errores muy graves en la compra de material y en la coordinación con las comunidades autónomas. En un futuro habrá que investigar y pedir responsabilidades. Cada uno ha afrontado esta guerra desde su territorio como ha podido, algunos, como la Generalitat de Cataluña –con cuyo presidente Sánchez está empeñado en abordar una negociación política para solucionar el «conflicto»–, desde una deslealtad que invalida cualquier diálogo futuro, por lo menos en esos términos de claudicación. Aún y así, el PP mostró su apoyo al Gobierno en cuantas medidas debía tomar, pero siempre que éstas estuviesen acordadas en un marco de cooperación leal. Pablo Casado deberá actuar como el líder de un partido que nunca ha renunciado a sus responsabilidades de Estados. Como lamentó Núñez Feijóo no podemos estar en manos de «políticos adolescentes».

Este acuerdo nacional debe clarificarse, en fondo y forma. Salvar la economía o tomar las medidas que puedan aliviar el duro golpe que va a suponer esta parálisis sólo puede hacerse desde un compromiso de gobierno. Es decir, haciéndose copartícipe de las decisiones y medidas, teniendo en cuenta que aumentará el desempleo, se destruirán puestos de trabajo –es decir, muchas empresas se verán obligadas a cerrar–, habrá una demanda de prestaciones sociales que deberán cubrirse y debemos evitar endeudarnos más de lo previsto. El Estado no se puede convertir en la primera empresa de España. Estas medidas requieren que se cuente con el tejido empresarial, que participen de ellas y que los años que vienen estén gobernados con un sentido patriótico: en beneficio del conjunto de la sociedad y de todos los españoles. Pero no nos engañemos: Sánchez es el presidente del Gobierno y al que le toca alcanzar este acuerdo nacional. Así lo reclaman los españoles: un 74,7 por ciento está a favor de un pacto para afrontar la crisis (según un sondeo de NC Report que publicamos hoy).

Hasta ahora, Sánchez ha reclamado compromiso a la oposición, pero sin mostrar el menor gesto de que está dispuesto a compartir decisiones que van a hipotecar el futuro del país. Es el momento de que rectifique porque sabe que el único partido con el que puede contar en este momento para sacar a España de la situación en que encuentra es el PP. No se puede reclamar apoyos mientras su portavoz parlamentario insulta a la oposición. Se ha apelado a los Pactos de La Moncloa de 1977, pero no debería abusar del símil –es, sin duda, una buena marca publicitaria–, porque nada tienen que ver aquella con esta situación. Entonces, España salía de una dictadura, estaba dando forma a un Estado democrático en todos los sentidos, pero con una economía que en nada tiene que ver con la actual. La fórmula de nuevos Pactos de La Moncloa no debe entenderse como un cheque en blanco para Sánchez, sino una forma de cooperación leal con la oposición en un momento grave para España. Hay que estar a la altura de la situación.