“Sánchez tiene que acabar con el Estado de Alarma”

Lo mejor ante un chantaje es decir no. Es algo sobre lo que no tengo ninguna duda. El presidente del Gobierno pretende gobernar por decreto el máximo de tiempo posible sumido en un pseudo Estado de Excepción bajo la falsa cobertura del Estado de Alarma. No descarto, incluso, que gracias a la excusa de la salud pública este despropósito sea sorprendentemente validado por el TC y por la sumisa sala tercera del TS que apoyó al Gobierno autorizando por unanimidad la «expropiación» a la familia del cadáver de Franco en base a los documentos del propio Gobierno. Una técnica jurídica impresionante.

Lo mismo puede suceder ahora utilizando informes elaborados por funcionarios que sean afectos a la coalición gubernamental o cuyo destino y complementos salariales dependan de ella. Es una obviedad recordar que hay muchas cuestiones en Derecho que son interpretables. He de reconocer que siempre me inquieta el término salud pública como excusa para utilizar los instrumentos excepcionales previstos por en la Constitución, porque me recuerda al revolucionario «Comité de Salut Public» francés dominado por los jacobinos, aunque la traducción correcta es «salvación».

Es, precisamente, el término político salvación el que resulta preocupante al ser un concepto mesiánico muy grato para el sector más radical del socialismo, así como del comunismo y otras formaciones antisistema. Nos tienen que salvar de nosotros mismos. Desde la triste irrupción del comunismo en el control de gobiernos, con el horror que significó la Revolución Rusa y el establecimiento de la URSS, hasta nuestros días, nada bueno se puede esperar ni de los salvadores ni de aquellos que quieren acabar con el capitalismo, que ahora consideran que es un sistema agotado, y con las democracias liberales.

El planteamiento del presidente del Gobierno para conseguir que le sigan apoyando en el Estado de Alarma, basándose en los conceptos de salud pública y el mantenimiento de las ayudas económicas, me resultan inaceptables y más asegurando que no hay un Plan B. Es verdad que sitúa hábilmente a la oposición, especialmente al PP, contra las cuerdas, porque si tumba la nueva prórroga del Estado de Alarma será responsabilizada ante un repunte en la crisis sanitaria.

El gran jurista alemán Carl Schmitt, cuyas teorías sirvieron, desgraciadamente, de soporte ideológico al horror del III Reich, elaboró doctrinalmente el concepto de la legitimidad de la excepción sobre la legalidad bajo el concepto del interés supremo de la nación que era interpretado por el führer, que en alemán significa jefe, líder y conductor, frente a las disputas entre partidos y en el contexto de crisis social, política y económica que vivió Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Schmitt sería apartado por los propios nazis, pero sería considerado el jurista de cámara del Reich y al acabar la guerra fue sometido a juicio.

El Estado era la fuente del derecho y por tanto era el führer quien interpretaba lo que era bueno o malo para Alemania, porque estaba en la cúspide de esa unidad voluntaria constituida por el pueblo y el Estado. Hay que tener en cuenta que esa idea de un liderazgo fuerte o caudillismo acaba recibiendo en algunos países el apoyo popular en tiempos de crisis. Esta teoría de la excepción desarrollada por Schmitt hace que los europeos tengamos un gran temor ante este instrumento constitucional, porque no sólo se produjo en Alemania, sino que es característico de cualquier régimen autoritario.

Esta idea del orden, la cohesión y la unidad política lleva a establecer un concepto de verdad absoluta al servicio del Estado, porque hay que suprimir cualquier conflicto interno ya que puede conducir a enfrentamientos violentos. Sánchez es un demócrata, por ello tiene que poner punto final al Estado de Alarma, volver a la normalidad institucional y establecer otros mecanismos legales que permitan organizar la desescalada. No podemos vivir instalados en la excepcionalidad, porque se rompe la regla de la proporcionalidad para hacer frente a una crisis.

La excepcionalidad nos podría llevar al absurdo de llenar las calles de cámaras, acabar con el habeas corpus, permitir la entrada en los domicilios y autorizar las investigaciones prospectivas para prevenir el delito o nacionalizar los bienes de producción para resolver la crisis económica. Es cierto que estos planteamientos gustan a la izquierda antisistema, que las aplicó en los países donde gobernó o gobierna, pero España es un Estado de Derecho y estas medidas, como el concepto expansivo del Estado de Alarma, no caben ni en la Constitución ni en la UE.