“La arbitrariedad contra Madrid”

Es evidente que estamos ante una crisis mundial, pero la cuestión de fondo es que aquí se hace mucho peor que en los países de nuestro entorno

La Razón

La situación es escandalosa. La Constitución es muy clara cuando en el artículo 9.1 garantiza «la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos», pero hemos descubierto que el estado de alarma permite que el Gobierno social-comunista haga lo que le dé la gana. Y, además, con el aplauso de una izquierda política, ideológica y mediática que lo único que le importa es seguir en el poder a cualquier precio.

La actuación sectaria contra Madrid es claramente arbitraria, porque se toman decisiones que le causan un grave perjuicio sin que se expliquen las razones técnicas más allá de la voluntad del ministro socialista de Sanidad y su equipo secreto. Hay que partir del principio de que los actos de las administraciones tienen que estar motivados. Y el secretismo, por supuesto, es claramente ilegal. No imagino a ningún tribunal validando estas chapuzas gubernamentales.

El rencor de un sector de la izquierda contra el centro derecha es tan infinito e irracional que resulta cansino. El PSOE ha sido incapaz de gestionar las crisis económicas agravándolas por culpa, precisamente, de esa ineficacia e inexperiencia. Es evidente que estamos ante una crisis mundial, pero la cuestión de fondo es que aquí se hace mucho peor que en los países de nuestro entorno. No hay más que ver cómo ha actuado Portugal.

Dentro de los despropósitos y de la arrogancia gubernamental, no se entiende la obcecación con Madrid que es el motor económico de España. El Gobierno ha actuado de forma arbitraria y secreta, hasta que no se demuestre lo contrario, al decidir que no pase de fase mientras otras comunidades sí pueden hacerlo. Es arbitraria y secreta porque no está motivada. No se han entregado, con la transparencia que es exigible a cualquier administración pública, los informes que deberían justificar la decisión.

No sólo en lo que afecta a esta comunidad, sino a todas, para comprobar que no hay un trato discriminatorio, algo también proscrito por nuestra Constitución. Lo mejor es siempre la vía judicial para hacer frente a una injusticia de estas dimensiones, porque es la forma de conseguir que todos los informes vean realmente la luz pública. Es verdad que el PP es siempre más torpe que el PSOE y el resto de formaciones de la izquierda que lo judicializan todo dentro de sus campañas para destruir a sus rivales. Es lo que hicieron con UCD y desde entonces no han parado.