Sánchez sale en auxilio de Iglesias

Es lógico que el PSOE se niegue a que una comisión de investigación en el Congreso estudie la supuesta financiación ilegal de su socio de Gobierno, Podemos. Se trata de pura supervivencia política y, por más que dañe a la credibilidad de La Moncloa en su compromiso por la regeneración de la vida pública –si es que lo ha adquirido alguna vez–, más importante es perpetuarse en el poder por encima, incluso, de que en el Consejo de Ministros se siente un partido de dudosa financiación. No es producto de una campaña de las «cloacas» del Estado –conspiración con la que sueña Pablo Iglesias–, sino un informe del Tribunal de Cuentas, donde se apunta el uso de dinero público para el propio partido, por no hablar de fuentes tan oscuras como las procedentes de Venezuela e Irán. Sorprende, por lo tanto, que la portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, califique esos indicios de «absolutamente falsos», ya que esas pruebas debería ponerlo en manos del titular del juzgado número 42 de Madrid, donde el ex abogado de Podemos, José Manuel Calvente, presentó una denuncia por irregularidades.

Por contra, el PSOE vetó, junto a Podemos y sus socios independentistas, en la Junta de Portavoces la petición de crear una comisión de investigación. Lo ha hecho incluso después de que la Mesa del Congreso acordarse la semana pasada admitir a trámite la petición, que contaba, además, con la aprobación de los letrados de la Cámara. De esta posición habrá que deducir que en el caso de que algunos de los dirigentes de Podemos sean investigados –antes, imputados–, el PSOE asumirá también las consecuencias políticas que siempre ha exigido a los partidos de la oposición, especialmente al PP. No sólo los socialistas han impedido que sus socios sean investigados, sino que ayer mismo vieron con muy buenos ojos que los partidos independentistas pusieran encima de la mesa una comisión de investigación sobre el llamada «caso Kitchen» y el supuesto espionaje a Luis Bárcenas durante el último mandato del PP. Es ejemplar la disciplina con la que actúa la mayoría de la moción que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa y, sobre todo, cómo ha salido en auxilio de un Pablo Iglesias acosado por varios casos judiciales que no son menores. Por un lado, la caja B de su partido y, por otro, la farsa que montó con la desaparición del móvil de su ex asesora, hasta que el juez le acabó retirando la condición de víctima, quedando al descubierto la maniobra con la que engañó a todos: que las «cloacas» del Estado le perseguían. Efectivamente, el PSOE aplica una doble vara de medir para luchar contra la corrupción, dependiendo de si le beneficia o le perjudica, lo que es una retroceso en cualquier propósito de ejemplaridad pública.

En mayo de 2017, se puso en marcha la comisión del Congreso para investigar la financiación del PP a la vista del «caso Gürtel»; un año después, se dictó sentencia judicial y, durante este tiempo, el Gobierno popular tuvo que soportar un juicio paralelo que, sin duda, produjo un enorme desgaste que tuvo consecuencias políticas. Lo que sucedió ayer en el Congreso va más allá: no fue Podemos quien negó que hubiera un caso de financiación irregular del partido, sino el partido con el que está coaligado. Lastra asumió la defensa de Iglesias, incluso en contra de la Fiscalía Provincial de Madrid, que instó al Juzgado de instrucción número 42 a que abriera diligencias para investigar los contratos del partido morado con Neurona Consulting para las elecciones del 28 de abril por un importe de 308.257,20 euros. Mientras el Ministerio Público cree que «existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto» y que se trata de un empresa creada ex profeso para la prestación de este servicio, el PSOE dice tener las pruebas que negarían esta investigación. ¿Puede decirse que Sánchez pone la mano en el fuego por Iglesias?