Una «mesa de diálogo» electoralista

La reunión de la llamada «mesa de diálogo» entre Gobierno y Generalitat se celebró el pasado 26 de febrero. Lo único que trascendió, aparte de las buenas intenciones para inaugurar una nueva etapa –después de todo, esa mesa fue la que permitió a Pedro Sánchez la investidura–, es una fotografía con las ventanas abiertas –pese a ser invierno– y algún personaje de reconocida deslealtad, como el ex presidente inhabilitado de la Generalitat, Joaquim Torra, hoy condenado con sentencia firme por desobediencia a los tribunales. Su mayor pretensión era que hubiera un mediador –internacional hubiera sido lo ideal–, lo que permitiría escenificar más claramente el carácter bilateral de dicha mesa y, por tanto, de que ambas partes actuaban como sujetos políticos de derecho: de Estado a Estado. No fue posible, y tampoco que se hubiese levantado acta de una reunión de tal alto nivel lo que es obligado. Por mucha ventana abierta, la cita fue secreta, en contra de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Sí que hubo un comunicado conjunto de alto valor simbólico para los independentistas, ya que la reunión había servido «para constatar la naturaleza política del conflicto y que este requiere una solución política», aunque no se explica lo fundamental: cuál es la naturaleza política de dicho conflicto que les llevó a dirigir un golpe contra la legalidad democrática. El candidato a la presidencia por el PSC, Salvador Illa, ha planteado la vuelta de la «mesa de diálogo», tal y como ha explicado en una entrevista en LA RAZÓN que publicamos hoy. Como no podía ser menos, Illa, que formaba parte de aquella primera mesa, es muy cauto a la hora de concretar su propuesta ya que los miembros de la delegación independentista, ERC y JxCat, están ahora enfrentados por hacerse con el poder de la Generalitat, y cómo él, también están en campaña. El candidato socialista, a la vez que hace un guiño al electorado catalanista más moderado, que de hecho están incluidos en sus listas, es también un gesto hacia futuros socios nacionalistas, ERC, que es quien le asegura la estabilidad del Gobierno a Sánchez.

Ahora bien, esta propuesta, por más electoralista que sea, es confusa y ofrece zonas oscuras que el candidato debería aclarar si no quiere que de nuevo en Cataluña el debate sobre el «procés» siga en el centro. Suponemos que aquellos 44 puntos –llamada «agenda para el reencuentro»–, que Pedro Sánchez ofreció a los independentistas y de los que algunos están alcanzados –IVA deducible en la Corporación de Medios Audiovisuales, «modelo de escuela catalana» sin castellano vehicular, indultos...–, entendemos que no será lo que Illa negociará en caso de presidir la Generalitat con el ministro Iceta. Lo ponemos en duda, además de porque iría en contra el espíritu de la «España federal» que defienden, porque en nada contentaría las aspiraciones del independentismo.