Control de alquileres

Si la demanda de vivienda supera la oferta, lo que debería hacerse es intentar incrementar la oferta para satisfacer a la mayor parte de los que desean adquirir o alquilar un hogar. Sin embargo, como en España la construcción de nuevos inmuebles está fuertemente controlada por los ayuntamientos y por las autonomías (que o bien restringen la oferta de suelo edificable o bien añaden gravosas condiciones a la promoción urbanística como la cesión de inmuebles para viviendas de protección oficial), la única forma que existía para igualar la excesiva demanda con la insuficiente oferta era ir elevando los precios de los alquileres o de la compraventa hasta que suficientes demandantes dejaran de demandar vivienda (al menos hasta que llegó la pandemia y la demanda se desmoronó, con los precios siguiendo una trayectoria similar). La solución dista de ser idílica porque supone que muchas familias que pueden necesitar una vivienda se ven más incapacitadas para obtener una; pero remarquemos cuál es el problema de fondo por el que esas familias no acceden a una: porque no hay suficiente oferta como para abastecer a toda la demanda. De ahí que la auténtica solución debería pasar por ampliar esa oferta, de tal modo que cada vez más familias puedan acceder a una vivienda a un precio asequible. Pero la política que plantea Podemos no es ésa, sino establecer controles sobre los precios de los alquileres: prohibir que, cuando la demanda supere la oferta, los precios de los alquileres puedan incrementarse. Mas las consecuencias de este tipo de políticas son sobradamente conocidas. Por un lado, la oferta de vivienda en alquiler tiende a reducirse todavía más (los arrendadores venden sus viviendas, las mantienen vacías o no reinvierten en mantenerlas en buen estado y, a su vez, los inversores no están interesados en construir más inmuebles para destinarlos al alquiler); por otro, la demanda de vivienda en alquiler no puede ser satisfecha en su totalidad, de modo que sólo queda o racionarla políticamente o generar importantes retrasos en la búsqueda de un arrendamiento (por ejemplo, inquilinos que han de pasarse meses o incluso años tratando de encontrar una). Controlar los alquileres no funciona salvo para agravar el problema original: para abaratar de verdad la vivienda sólo cabe incrementar la oferta.