TC: Censura a Sánchez (y a Casado)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado inconstitucional todo el armazón legal sobre el que se reguló la respuesta del Estado de Derecho a la pandemia, no es una noticia menor ni una noticia más. En una democracia consolidada, tal revolcón jurídico constitucional merecería la dimisión de un Gobierno que ha sido responsable de suspender durante catorce semanas derechos fundamentales de los ciudadanos, al margen de lo dispuesto en nuestra Carta Magna.

A falta de un varapalo, han sido nada menos que tres los recibidos por el Gobierno al respecto. La primera sentencia afirma que se confinó a los españoles durante catorce semanas mediante un instrumento legal que no es el previsto en la CE. Se declaró mediante el estado de alarma, en lugar del de excepción, como tuvimos ocasión de comentar desde el principio, aludiendo a que lo que se imponía no era una mera «limitación» de derechos, sino una «suspensión» real, como sucedió entre otros con los de deambulación o de libre circulación por el territorio nacional.

Ahora el TC vuelve a declarar inconstitucional el segundo estado de alarma. Y lo hace por diversas razones: por no justificar ni argumentar la razón de una alarma durante seis meses; por «desapoderar» al Congreso de su competencia de controlar al Ejecutivo en una democracia parlamentaria –máxime viviendo una situación de excepcionalidad como la establecida– y finalmente, por delegar en las CCAA nada menos que la suspensión o limitación de derechos fundamentales, y sin tan siquiera un control de esa competencia delegada en una presunta e inexistente «cogobernanza».

A la gravedad de esta rotunda censura de nuestro Tribunal de Garantías Constitucionales, deben añadirse dos comentarios. Por una parte, que es injustificable que el Gobierno no haya desarrollado durante este tiempo un ordenamiento legal para dar respuesta constitucional a una situación de excepcionalidad sanitaria como la padecida.

La otra tampoco es causa menor: la omisión de la responsabilidad política por parte del PP, que no recurrió ante el TC estas gravísimas irregularidades del Gobierno. Solo el PP y Vox cuentan en la oposición con los 50 diputados necesarios para recurrir y, si no lo hubiera hecho Vox, no tendríamos este relevante veredicto acerca de la debida garantía de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Si el Gobierno merece una censura por su actuación, no menos debe tenerla el PP. En esta ocasión, solo Vox ha estado en su sitio; incluso C’s votó en el Congreso con el Gobierno, mientras el PP se lavó las manos cual Pilatos, absteniéndose. Vox le ha devuelto a Casado aquella censura a Sánchez que él transformó en una bofetada a Abascal.