Esta semana hemos tenido varias muestras de que la coalición que gobierna España empieza a mostrar el aspecto de un enfermo grave. La primera de ellas, el terrible asesinato de un menor de 9 años en La Rioja, presuntamente a manos de un preso condenado por graves delitos sexuales que se encontraba en libertad porque el Gobierno le concedió el tercer grado en un acuerdo de tres líneas que señalaba la «existencia de cierta evolución positiva», sin mayor justificación y sin explicar las razones por las que corrigió el criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión.

El terrible y conmovedor asesinato ha puesto de manifiesto la necesidad de medidas como la Prisión Permanente Revisable, una herencia política útil y eficaz amenazada de derogación por el pancismo. Como también lo está la reforma laboral, que el miércoles se ratificó como un gran instrumento para el empleo, con los buenos datos del mejor octubre en 47 años, pero que vuelve a pender de un hilo, porque el martes, en una cumbre que recordó a las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU en la época de la Guerra Fría, el Presidente y dos de sus vicepresidentas acordaron ponerle fin. Sánchez hizo el papel de árbitro, pero igual que lo hace todo, diciendo ahora una cosa y luego la contraria, engañando a sus ministras, a los españoles y a Bruselas. Ha sido también la semana de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que el Gobierno ha sorteado gracias a los socios más radicales. Unos malos presupuestos, por los que Sánchez ha pagado la tarifa de la luz más elevada de la historia, ya que el precio de cada bombilla de color verde encendida en el tablero de votaciones del Congreso de los Diputados se ha pagado con porciones de Estado, de dignidad y con presos. No es que la de los españoles de a pie sea barata, esta semana con el añadido de la crisis gasística, viaje de ministra a Argel incluido, en otro desastre del Gobierno que pagarán todos los consumidores. De la misma forma que serán trabajadores y empresarios, a través de una subida de cotizaciones, los que garanticen las pensiones, una vez que el Gobierno se ha cargado el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. Es el problema de olvidar que las pensiones se garantizan con más personas trabajando y no lastrando la contratación con más impuestos.

Esta semana no podía faltar una afrenta al Parlamento y al sentido común, con el arranque de la Comisión de investigación de las vacunas, en la que el rodillo PSOE-UP ha vetado las comparecencias de Illa, Darias y Simón, demostrando que el Parlamento que cerraron inconstitucionalmente a cal y canto, para este Gobierno no es un escenario de control sino una pasarela de promoción.

No son hechos aislados ni anecdóticos, sino muestras claras de una situación terminal, que exige unas elecciones cuanto antes para que los españoles se puedan liberar con su voto del peor Gobierno de la Democracia y que tanto recuerda a los gobiernos radicales de la Segunda República, el Gobierno que solo se mantiene sobre la base de enfrentar a los españoles y ceder ante los que quieren terminar por España, un Gobierno al que le insuflan oxígeno los que quieren mantenerlo vivo para acabar con el Estado, a los que se ha unido en los últimos días la tontuna del Presidente del País Vasco, la cual merece un comentario individualizado. Esto empieza a ser insoportable y muy peligroso para nuestra salud democrática, lo cual exige que todos aquellos que amamos a España permanezcamos unidos.