Disolución, arma legítima y peligrosa

A Tenor de algunas interpretaciones a propósito de la “bomba” política que ha supuesto el adelanto electoral en Castilla y León, cualquiera diría que su presidente Fernández Mañueco es poco menos que una humilde pieza carente de autonomía dentro del devorador engranaje nacional de su partido, como si los despachos de la quinta planta hacia arriba en Genova-13 hubieran decidido por un quítame allá cualquier capítulo del juego político cotidiano poner patas arriba la gobernabilidad de la comunidad autónoma más extensa de España. Con independencia de quién tenga la razón en sus argumentos, ya sea el presidente de la junta rompiendo con su socio de gobierno por supuestas traiciones y deslealtades reiteradas o sea Inés Arrimadas acusando a los populares de infame tacticismo jugando con los intereses ciudadanos en plena pandemia, lo que conviene tener en cuenta es algo tan legítimo y por cierto tan habitual en cualquier jefe de gobierno que se precie como es su prerrogativa para disolver una cámara parlamentaria y convocar elecciones sencillamente cuando lo crea conveniente. Ocurre en cualquier democracia europea y la única responsabilidad es electoral por el acierto o el error -recuerden al francés Jacques Chirac- y es de quien la adopta.

Parece olvidarse nuestra pasada y reciente historia política, trufada de innumerables decisiones legítimas de presidentes, bien de la nación o bien de comunidades autónomas ejerciendo su derecho constitucional a disolver una cámara y por qué no decirlo, por puro tacticismo político ante la certera eventualidad de perder el poder, desde el más reciente caso de Díaz Ayuso en Madrid pasando por el relativamente reciente caso catalán también en plena pandemia o el del propio Pedro Sánchez en la pasada legislatura atendiendo a sesudas indicaciones demoscópicas. Es cierto que la legitimidad de quitar y poner gobiernos la tienen los parlamentos manteniendo o no sus apoyos, lo cual legitima medidas extremas como la presentación de mociones de censura, como cierto es que solo los jefes de gobierno tienen la facultad de valorar si la composición de esos parlamentos se adecua en un momento dado a la realidad del sentir social y en consecuencia tomar la decisión de disolver la baraja y afrontar un nuevo y actualizado reparto de cartas…incluso equivocándose electoralmente y a veces de forma grave. La fotografía política de Castilla y León no refleja un hecho aislado, sino las últimas escaramuzas de una agria batalla por el espacio de centro derecha que viene certificando la agonía de Ciudadanos en las urnas, de territorio en territorio y hasta la defunción final. Hasta entonces y con muy contadas excepciones todo será gresca en el barro.