El vuelo inmoral

Los españoles no olvidaremos jamás que han sido los votos de Bildu los que han permitido a Sánchez aprobar mociones de censura, investiduras, presupuestos e incluso obtener el Gobierno de Navarra sin ganar las elecciones. El precio de los vuelos en falcon del presidente lo están pagando sobre todo las víctimas del terrorismo, que sufren, como el conjunto de los demócratas, la forma impúdica en la que el Gobierno de la Nación ignora la Ley aprobada para su Protección Integral, que le faculta para prohibir actos que supongan la exaltación de los terroristas. Una calculada falta de reacción a la que se une el peaje de la proactividad en el ámbito penitenciario, donde directamente se ha puesto a decidir y aprobar acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas o del País Vasco, además de transferir las competencias en la gestión penitenciaria al Gobierno de Urkullu, algo que habían evitado todos los consejos de ministros de la democracia. Dos decisiones que no están desconectadas entre sí y que pueden ser la antesala a una salida masiva de las cárceles, a la impunidad de muchos asesinatos y a la falsificación de la historia, borrando la distancia sideral que existe entre víctimas y verdugos. Un contexto dramático en el que no resulta nada esperanzador el anuncio de un plan del Gobierno Vasco para dedicar seis millones de euros y empezar a sacar de prisión a terroristas, asignándolos a peregrinos proyectos de reinserción sufragados con dinero público, contemplados, literalmente, como «una puerta hacia otra vida», lo que es una forma repugnante de referirse a quienes precisamente pusieron fin a la única vida que tenían un millar de españoles. Una agresión frontal a cualquiera que tenga memoria de qué fue ETA y cuánto dolor causó, y un ataque a la dignidad de las víctimas del terrorismo. También un paso más para poner en la calle a terroristas, muchos con delitos de sangre, que se encuentran en la fase final de sus condenas, pero que aún no cumplen íntegramente. La debilidad del ejecutivo sanchista es tal que la izquierda abertzale ha llegado a exigir el relevo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, habida cuenta de que la Fiscalía ha ganado una veintena de recursos contra permisos concedidos inicialmente por el Gobierno al considerar que el arrepentimiento de los etarras era falso. Sin embargo, queda lejos del interés del Ejecutivo en dar cumplimiento al objetivo que persiguen todas nuestras leyes, que no es otro que orientar las condenas hacia la reinserción de los reos, lo que no es posible sin indemnizar a las víctimas, sin colaborar con la justicia, sin pedir perdón y sin expresar un público arrepentimiento, cosas, todas ellas, que no están ocurriendo. Las peligrosas derivadas de los pactos con Bildu entrañan una degradación moral y son un desprecio a la memoria. Serán, sin ninguna duda, la peor herencia del sanchismo y también su mayor daño, directo al corazón de los españoles y también de nuestra democracia, que tiene en las víctimas de ETA un referente ético de dignidad y resistencia. Una herencia horrenda que obligatoriamente habrá que deshacer, y lo tendrá que hacer el partido que lidera la oposición y las encuestas, recordando algo tan sencillo como necesario: que los españoles no tenemos nada que agradecerles ni a Bildu ni a los presos de ETA, pero sí les debemos justicia y dignidad a cada una de sus víctimas. Hay batallas que hay que dar, esta es una, porque como decía Cicerón «el precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores».