Tensión calculada sin riesgo de ruptura

La «ley trans» ha retratado dos evidencias que han marcado a la coalición de gobierno en los últimos meses. La primera es la manifiesta falta de sintonía en una relación marcada por las fricciones de dos proyectos de izquierda en disputa y la segunda, el interés extraordinario del binomio por blindar, por encima de cualquier otro propósito, el poder del que disfrutan hasta que se alcance el momento oportuno de la separación que aconseje la estrategia política y electoral. La experiencia de anteriores trifulcas públicas, que parecían abocar al Ejecutivo a una ruptura en proyectos singulares por emblemáticos conforme a su catálogo, han refrendado que ese divorcio, que se concretará, no entra en los planes inmediatos y que entre bastidores los socios encauzan y resuelven casi cualquier tipo de divergencia más allá de la sobreactuación ante los focos de cara a la galería. La «ley Trans» repetirá el guion de otras iniciativas controvertidas sin que ni el retraso de una semana en el plazo de enmiendas en las Cortes, asumido por el PSOE y el PP, ni la catarata de peroratas podemitas contra las trabas legislativas o la abierta hostilidad de sobresalientes nombres del socialismo con la «ley trans» anticipen un giro de 180 grados que alteren los planes que el discurso oficial prevé. Las probabilidades de que diputados socialistas se planten y se declaren en rebeldía contra la norma amadrinada por Irene Montero son cero. Sería, en todo caso, una sorpresa mayúscula que disidentes reconocidos, por ejemplo, Carmen Calvo, azote del proyecto, pasara de las palabras a los hechos. En el PSOE, como adelanta LA RAZÓN, quitan hierro al ruido de los morados y rubrican que las curvas en la tramitación en el Congreso entran dentro de la normalidad. Podemos juega sus bazas, atiza las brasas para atraer el foco y generar atención sobre un envite capital en esta recta final de la legislatura, mientras Yolanda Díaz utiliza el as de Pedro Sánchez para ponerlo de su parte y capitalizar el potencial éxito final de la ley trans, a la que compara en relevancia para España con su reforma laboral. Hay teatralidad y golpes de pecho a borbotones en esta refriega en la que se pone de manifiesto hasta qué punto el provecho político, la instrumentalización de un colectivo, ha borrado del argumentario oficial las razones científica, médica, psicológica, jurídica, constitucional o sociológica, porque no están de su parte. Que elementos tan principales hayan sido laminados cuando se regula aspectos críticos de personas y familias es un desatino. A diferencia de lo que vende la propaganda podemita, no hay una mayoría social detrás de esta iniciativa, que no atiende ni ampara a quienes atraviesan un proceso tan complejo y angustioso, y que ataca derechos fundamentales, sino una minoría que no convence siquiera en la izquierda y el feminismo. Hay tensión y desgaste sin ruptura en el Gobierno en una escaramuza calculada. Como en tantas otras. El problema real de abordar lo trans con la mente puesta en las personas y no en la ideología sigue pendiente.