El triunfo de la autocensura

A temblar se pone uno con la ley que anuncia el Gobierno para proteger el periodismo. Bajo la excusa de avalar el derecho que siempre tuvimos los informadores a no revelar las fuentes, nos anuncia el ministro Bolaños una regulación que blindará esa exención profesional, pero avisando de que «también habrá excepciones muy tasadas» para combatir la desinformación y las fake news. En realidad, más que lo anterior, a donde quiere llegar el Ejecutivo con su proyecto es a esas «excepciones». Asunto vidrioso porque no sabemos quién va a decidir qué es «desinformación» (o sea, mentira), si el Gobierno mismo, un equipo de asesores del gobierno, un comité financiado por el Gobierno, determinadas empresas tecnológicas como Twitter o Facebook, o las agencias de verificación que están igualmente subvencionadas por el Ejecutivo.

A día de hoy, en el Occidente que denominamos «mundo libre», las leyes amparan una libertad de información plena, quedando siempre los tribunales como garantes de que se informa sin calumniar ni injuriar, diferenciando la noticia de la opinión, y esta última del insulto, en aplicación del Código Penal y la legislación civil. Es verdad que ahora abundan las fake news. El problema es que las propagan las redes tanto como los partidos políticos y hasta los propios gobiernos, no pareciendo muy sensato que sea el ministro de turno quien decida qué se puede publicar o no.

Dice Albert Boadella que aun teniendo hoy «la máxima libertad, sobre el papel», como artista no puede hacer una sátira sobre temas que son cien por cien tabú, pues pretenden los gobiernos y sus confluencias que la verdad en torno a ellos sea única e irrefutable. Por ejemplo, el cambio climático. O la diversidad sexual. O el animalismo. O la pandemia. O las guerras. De manera que, ante la posibilidad de ser linchado por tocar asuntos «sensibles», la mejor salida es la autocensura, definida por Boadella como esa «nueva y santa Inquisición».

No le falta razón al ex director de Els Joglars. En tiempos de Franco todos sabíamos que estábamos censurados. Ahora no hay censura oficial, pero nos obligan a autocensurarnos. A esto le llama Vicente Vallés «nuevo puritanismo», suerte de moral según la cual sólo es admisible lo que marca el progresismo gobernante. De manera que si eres mínimamente crítico, como Pablo Motos, te cae encima una campaña de publicidad institucional enteramente pagada por el Ministerio de Igualdad, manipulando hechos, descontextualizando datos, con la idea de colocarte el sambenito de «machista».

A Elon Musk le están ahora llamando nazi/fascista, el insulto de moda, por revelar que Twitter censuró el escándalo del ordenador de Hunter Biden, aun sabiendo que las informaciones amputadas no incumplían norma alguna. O sea, que Twitter ejerció ilegalmente la censura en EE.UU durante las elecciones de 2020 para favorecer a Biden, tapando la corrupción de su hijo, los intereses económicos del hoy presidente USA en Ucrania a través de Hunter Biden, empleado de la gasista Burisma Holding a razón de 55.000 dólares/mes. Trump acusó a Biden de servirse de su cargo de vicepresidente con Obama para que su hijo y él mismo se enriquecieran en Ucrania a través de donaciones al Partido Demócrata, puestas también ahora de manifiesto con el escándalo cripto. Pero informar de eso no es políticamente correcto.