Insólita situación límite

Ciertamente nunca en los 44 años de vigencia de la Constitución , el Tribunal Constitucional y con él, el sistema político regulado en torno a ella, había llegado a un extremo de riesgo tan grave como al que lo ha llevado el sanchismo esta pasada semana. Finalmente ha sucedido lo que antes o después cabía esperar de un gobierno formado por una persona con un acreditado currículum personal de no tener el más mínimo respeto por la verdad y por los compromisos públicamente asumidos ante los españoles. Así, y en coherencia con esta lamentable evidencia, tenemos un gobierno donde los antisistema están en la sala de mando, auxiliados por quienes literalmente quieren destruir España y nuestro actual régimen político bajo la forma de Estado de una Monarquía Parlamentaria. No es ninguna exageración hablar en estos términos para definir a donde nos está llevando Sánchez para quien la Historia no descartemos le tenga reservado el dudoso honor de ser el primer presidente al que se juzgue por el delito de traición que por algo y para algo, está previsto en el artículo 102 de la Constitución. Tramitar la reforma de cuatro leyes orgánicas en una semana con unas enmiendas introducidas a una proposición de ley –procedimiento utilizado para evadir el preceptivo informe de los órganos constitucionales consultivos–, no tiene precedentes en nuestra historia parlamentaria democrática , ni en la de la UE. Hacerlo además para cambiar nada menos que el Código Penal, negociando la reforma «ad personam» con los beneficiarios de la misma, es obsceno democráticamente hablando. Hay que sumarle a ello, que se ataca la división de poderes sometiendo al órgano de gobierno del Poder Judicial a unas condiciones incompatibles con una mínima efectiva independencia respecto del poder ejecutivo y del legislativo. E igualmente respecto al Tribunal Constitucional, violando literalmente lo previsto en la Constitución para su renovación por tercios cada tres años y su propio derecho de examen previo de idoneidad a los candidatos propuestos. Todo ello con la finalidad de tener un TC a su servicio para «constitucionalizar» toda su política de concesiones al separatismo incluido un futuro referéndum de autodeterminación ya anunciado por sus socios de gobierno y sus aliados separatistas. Si no actúa antes el TC, el jueves en el Senado se consumará esta histórica felonía que dejará desapoderado a nuestro Estado de derecho de instrumentos legales para hacer frente jurídicamente al intento de repetir la historia que nos precipitó al 1-O de 2017. Solo quedará el articulo 8º para salvaguardar la integridad territorial de España, con las FAS a las órdenes del gobierno. Gracias al PSOE sanchista.