A por el 150

CiU, ERC y la sucursal catalana de IU se han propuesto ganarse el derecho a decidir sobre Cataluña por agotamiento. Tras intentarlo apelando a la técnica sibilina de ofrecer una Historia pasada por el photoshop del independentismo, y a la mucho más burda de la amenaza pura y dura, ahora la trinidad del separatismo apela a la Constitución –concretamente al artículo que establece la posibilidad de delegar en las autonomías facultades de titularidad estatal– para que se les permita el derecho a seguir dando la tabarra. Hay que reconocerles que a tenacidad no hay quien les iguale. Utilizar en su beneficio la misma Carta Magna de la que pretenden desligarse es para nota, sobre todo porque el mencionado artículo 150.2 establece que si el Estado aceptase otorgarles la posibilidad de decidir en materia de consultas, deberá también proveerles de la correspondiente trasferencia de medios financieros. O sea, que además de conseguir hacer de su capa un sayo, lo que quieren es que lo paguemos entre todos. La jugada es perfecta, si no fuera porque se olvidan de que hablamos de conceder a unos pocos la capacidad de decidir sobre lo que es de todos. Cataluña, repitámoslo una vez más, no es de los catalanes, como Madrid no es de los madrileños. España es de los españoles, y mientras Cataluña sea España, será patrimonio de 47 millones de personas, de las cuales sólo un minúsculo porcentaje aspira a ir por libre. Claro que eso les trae al pairo: a ERC porque cejar en el empeño es ir en contra de su esencia, a ICV-EUiA, porque tampoco tienen mucho más a lo que agarrarse para conseguir votos, y a la CiU de Mas porque, como afirmaba Churchill, «un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y además no quiere cambiar de tema».