José María Marco

Blindajes

Hace algunos años, en nuestro país se «blindaban» los ríos. Ahora el PSOE pretende «blindar» la Sanidad pública incluyéndola como un «derecho» en la reforma constitucional que anda pergeñando en los ratos libres que le dejan las peleas entre aspirantes a la secretaría general. Los servicios públicos de sanidad son una cuestión seria. Una posición de defensa de esos servicios no está de más, y no hay nada en la Constitución de 1978 que impida su articulación. Siendo así, ¿por qué se relaciona este asunto con un cambio constitucional, en un momento –además– en el que ronda una crisis institucional planteada por el nacionalismo?

La explicación que a todo el mundo se le viene a cabeza cuando se habla del PSOE es que se trata de una maniobra política para poner en una situación difícil al Partido Popular. Lo importante, sin embargo, no es eso, sino cómo se puede llegar a tratar un asunto tan grave con tanta frivolidad. Para entenderlo, hay que recordar que la ley, para el socialismo español, tiene un valor exclusivamente instrumental. La ley está puesta al servicio de un objetivo político, sin más. No hay un orden de valores superior. Ni siquiera, como se demuestra en este caso, la Constitución ni la democracia liberal tienen más relevancia que los intereses del momento.

Se podría aducir que la sanidad pública es el bien superior al que se pliega todo lo demás. No es del todo así, porque el propio PSOE ha aplicado en comunidades autónomas en las que gobierna medidas como las que no tolera en Madrid y, además, nadie en el PP, ni en el Gobierno, ni en las CCAA, cuestiona la Sanidad pública. Más bien la están intentando salvar, y son propuestas como esta las que corren el riesgo de acabar con ella. Cuando más hay que cuidar las instituciones para mejor atravesar tiempos difíciles, más se empeñan los socialistas en erosionarlas. Por otro lado, el designio de «blindar» los servicios públicos de Sanidad sugiere otra estrategia. Se trata, al parecer, de retirar este asunto del debate ciudadano, siendo así que la crisis ha puesto de relieve la necesidad no ya de revisar los modelos en los que nos hemos movido hasta aquí, sino la relación, automática hasta hace muy poco tiempo, entre lo público y lo político. Con su gesto, y de forma característica, el PSOE se niega al debate, acusa preventivamente a quien quiera plantearlo y pretende implantar la censura previa. Así no se hace política.