Derechos y activistas

La Razón
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Desde que crecieron las ciudades, arreciaron los antiliberales de todos los partidos en sus campañas para organizarlas, siempre violando derechos y libertades. Esto se hace no sólo mediante impuestos crecientes, aunque también, sino mediante un vasto abanico de intrusiones en la propiedad de las personas. Lo llaman por nombres bonitos, como «el derecho a la ciudad», del marxista Henri Lefebvre, y despotrican contra la «mercantilización» y el «neoliberalismo». Pero en la práctica todo conduce a la pérdida de derechos fundamentales, en particular el derecho de propiedad. La ciudad, supuestamente de todos, pasa a ser de los políticos y de los grupos que a su socaire medran; y las regulaciones y leyes, en vez de propiciar la convivencia, la envenenan, enfrentando sistemáticamente a unas personas con otras, a unos grupos con otros.

Si yo no pago impuestos me tratarán como un ladrón, un estafador. Pero si yo usurpo su casa de usted, señora, señor, igual me llaman «activista», como describió en su día el concejal madrileño Guillermo Zapata a los okupas. Para describir su participación pasada en las acciones de estos grupos, dijo: «hacíamos una defensa política del espacio». Es una notable forma de hablar para referirse a la violación del derecho de otras personas, propietarias de casas usurpadas por los okupas para su «defensa política del espacio».

Y así como el totalitarismo se fundamenta en la inversión del derecho –de modo que el inocente ha de probar su inocencia– en el caso de los llamados activistas, la propiedad debe ser demostrada y reivindicada por los dueños, y ni aun así la tendrán asegurada.

Así habló la alcaldesa Manuela Carmena: «Lo suyo es que, cuando los propietarios reivindican la propiedad, las personas que han generado esa actividad cultural en esos centros se marchen y dejen la propiedad». Si esta retórica no le parece a usted alarmante, mire lo que siguió: «la utilización de edificios en desuso no es una ocupación como tal». La regidora madrileña defendió «los centros culturales alternativos en espacios vacíos», y la consabida «concentración pacífica». Todo esto forma parte de una estrategia que apunta a socavar la libertad y los derechos individuales: el propietario tiene que probar su derecho y su inocencia; si su propiedad está en desuso no tiene derechos, y cualquier cosa que haga la izquierda podemita es siempre pacífica, incluido cualquier asalto a cualquier capilla.

Dijo Zapata: «Hace falta que hablemos políticamente de lo que significan los centros sociales. Merece la pena que nos lo tomemos en serio y pensemos qué tipo de ciudad queremos construir y qué papel juegan en ello las diferentes entidades sociales que hay», y añadió que no iba a pedir perdón «por realizar actividades de corte cultural y social». Esa es la retórica, señora, señor. Y como hay «necesidad de espacios», pues unos «activistas» se quedan con lo que es suyo. El «derecho a la ciudad», ya se sabe.