Descentralización fiscal

Durante los próximos meses, el Gobierno deberá afrontar una reforma en profundidad del sistema de financiación autonómico. Fue un melón que no quiso abrir durante la pasada legislatura pero que inexorablemente le tocará cortar en ésta: la creación del ministerio para las Administraciones Territoriales parece indicar que el propio Ejecutivo así lo ha entendido. Y es que el procedimiento ideado desde hace décadas para financiar a las autonomías hace aguas por todos los costados: si bien el gasto se halla fuertemente descentralizado en las comunidades autónomas, los ingresos se centralizan y ulteriormente se redistribuyen entre los gobiernos regionales atendiendo a la tan célebre «solidaridad interterritorial». El resultado es que los contribuyentes de las comunidades con mayor renta per cápita pagan mayores impuestos y reciben menores prestaciones públicas para efectuar una transferencia unilateral de sus recursos a las burocracias regionales vecinas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, puso este jueves el dedo en la llaga al recordar que «los madrileños están pagando 3.000 millones de euros [en impuestos] para que los andaluces tengan sanidad, educación y demás». La cifra es bastante aproximada –Andalucía recibe cada año 6.000 millones de euros del resto de España, y la mayor parte de ese monto lo abona Madrid–, pero subestima enormemente la carga fiscal que están soportando los madrileños –y los catalanes, y los baleares, y los valencianos– para subvencionar a los gobiernos autonómicos netamente beneficiarios del sistema de financiación. En concreto, los contribuyentes madrileños transfieren alrededor de 17.500 millones de euros anuales a Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Canarias, Castilla y León, Galicia o Cantabria. Es cierto que Madrid obtiene diversas prebendas a costa del resto de España merced a su capitalidad pero, incluso descontando tales rentas, el maltrato al que es sometido el contribuyente madrileño debería resultar más que evidente. Además, este injusto sistema no sólo penaliza a madrileños, catalanes o valencianos, sino a todos aquellos ciudadanos que residen en las comunidades presuntamente auxiliadas por la «solidaridad interterritorial». Desde hace 30 años, esta redistribución sólo ha contribuido a consolidar regímenes extractivos despreocupados por promover el desarrollo de sus regiones mediante la reducción de impuestos y la liberalización de sus economías: con vivir a expensas del resto les bastaba. Es hora de rectificar ese error histórico: descentralicemos no sólo los gastos sino sobre todo los ingresos.