Desconecto, luego enredo

Se veía venir, a pesar del recordatorio de Rajoy de que el Estado, a diferencia del Gobierno, no se encuentra en funciones. El president Puigdemont y sus socios de ERC, espoleados por la CUP, la organización antisistema de la que depende la supervivencia de su Ejecutivo, están aprovechando, de forma dosificada y con pequeñas «explosiones controladas», la inestabilidad política nacional, fruto de la incapacidad de las principales formaciones para llegar a un acuerdo de gobierno sólido, más aún si cabe ante la constatación de que sólo hay dos vías de salida, a cada cual más incierta: la repetición de elecciones o el acuerdo de las izquierdas con el asentimiento independentista.

Panorama ideal para la «guerrilla psicológica». El Parlament de Cataluña, tan sólo hace cuatro días, daba todo un pistoletazo de salida a eso que llaman el «proceso de ruptura» o, lo que es lo mismo, el visto bueno a la redacción de una ley que serviría para la creación de la Hacienda propia catalana.

La Generalitat, aun a sabiendas del nulo recorrido legal de unas iniciativas que rayan en el enredo, ya ha conseguido de entrada el primer objetivo, crear inquietud y no poco desasosiego entre los funcionarios, que, ajenos a la trifulca política, se ven sobre una bicicleta con las ruedas pinchadas. El grito en el cielo puesto por los trabajadores y recogido por el sindicato CSIF, vista la decisión de la Diputación barcelonesa de liquidar los impuestos de sus empleados a la agencia tributaria catalana en vez de a la española, ha sido inicialmente sofocado por la intervención de la delegación del Gobierno en Cataluña, pero el engorro ya está en marcha y ahora resulta que los funcionarios, además de tener que pedir por escrito una orden que pueden entender que es ilegal, deberán curarse en salud rellenando un formulario que les garantice que una decisión política no les hará duplicar el pago de su impuesto.

La situación empieza a adoptar un cariz muy parecido a hacérselo todo fuera del tiesto y, tal vez por ello, porque el desafío pasa de las palabras a los primeros amagos antesala de los hechos, no puede quedar sin una respuesta clara –y sobre todo tranquilizadora para los administrados– por parte del Estado. No sólo el Tribunal Constitucional, también la Fiscalía deben hacer notar que están ahí, y a ello debería sumarse de forma, si cabe, mucho más inequívoca la respuesta de todos los partidos constitucionalistas, en especial un PSOE de cuyo líder se espera en clave interna más claridad a la hora de no acercarse a las líneas rojas marcadas por su Comité Federal.

No es casual que los amagos de desconexión tengan como punta de lanza a una Hacienda vital para el soberanismo despilfarrador, que ha puesto en riesgo hasta los servicios públicos más elementales. Esto no son pacíficas marchas ni festivas cadenas humanas, es algo mucho más serio y alguien debería hacerles ver a Junqueras –por ejemplo cuando acude cazo en mano– y a Puigdemont que ésta es una de las «pelotitas» con las que no se juega.