El desafío independentista exige actuar

La puesta en marcha del proceso de declaración de independencia por parte del Parlamento catalán al día siguiente de su constitución ha centrado el debate político electoral en esta cuestión, que se veía venir ya desde hace muchos meses tanto por las declaraciones reiteradas en este sentido de sus impulsores como por la deriva que en esta misma dirección impulsaba el Gobierno de la Generalitat con su presidente a la cabeza y el respaldo de su grupo político, aunque les costara la pérdida de poder y representatividad más grande en los últimos 20 años.

Las advertencias y apelaciones reiteradas a lo alocado del proceso, a su no reconocimiento internacional, a su no encaje en la Unión Europea, a la inviabilidad económica del mismo y al uso de los instrumentos legales y jurídicos para impedirlo no han hecho mella en los impulsores, que han presentado todas estas iniciativas –junto a las llevadas a cabo por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado contra las presuntas corrupciones que han tenido lugar en Cataluña en los últimos 20 años con los gobiernos nacionalistas del señor Pujol– como un ataque a Cataluña y al pueblo catalán, al que se le ha estado robando y perjudicando conscientemente por el hecho de ser simplemente catalanes.

Eso es lo que han llamado el «sentimiento», que al parecer solo pueden tener ellos pero nadie al otro lado de Cataluña, en el que han basado el hecho diferencial que no ha sido satisfecho por parte de los gobiernos de España pese a su demanda reiterada y que ha justificado esa deriva. Conviene en relación a este asunto leer el artículo que un catalán de pro como Albert Boadella publicó hace unos días sobre las diferencias que tienen los catalanes con el resto de españoles que justificarían su inclusión en la Constitución, y recordar también que ya a finales de los años ochenta y en los noventa en las representaciones de su obra «Ubú President» alertaba de las aventuras económicas del señor Pujol y el nacionalismo.

Esta estrategia del agravio permanente ha logrado ocultar las ineficiencias de la gestión de los propios gobiernos de Cataluña, que les ha llevado a esas altísimas cotas de endeudamiento que hoy padecen, y que les han impedido hacer frente al pago de los servicios públicos –como hoy ocurre de nuevo con las farmacias– y a sus obligaciones financieras, siendo el Gobierno de España quien ha tenido que hacer frente al pago de los mismos, perdiendo no obstante la oportunidad de explicar con ello que España y sus gobiernos no sólo no roban a los catalanes ni dejan de quererlos, sino todo lo contrario, hasta el punto de garantizar y efectuar sus pagos pendientes y evitar su quiebra.

En este contexto, la iniciativa del presidente del Gobierno de hablar con los diferentes líderes de los partidos nacionales en un intento de frenar esa deriva nacionalista con un posicionamiento común es una buena iniciativa que, sin embargo, llega en plena campaña electoral, lo que sin duda dificulta su resultado, como se ha comprobado con las manifestaciones de aquellos tras las reuniones mantenidas.

El líder de los socialistas sigue con sus erráticas y cambiantes posiciones que bajo la aparente defensa de la unidad de España encierra una reforma constitucional para crear un Estado federal, no sabemos si simétrico o asimétrico, aunque con más pinta de esto último. El líder de Podemos, también bajo la aparente defensa de la unidad de España, hace una contradictoria propuesta cuya aplicación abre en canal al país con la posibilidad de hacer un referéndum en cada comunidad autónoma para decidir unilateralmente la forma en la que quieren relacionarse con España. Sólo el líder de Ciudadanos ha fijado una propuesta concreta para la defensa de la unidad de España en ese pacto que ha presentado al presidente del Gobierno y al resto de líderes políticos.

No hay duda de que lo mejor sería contar con un gran acuerdo en torno a las medidas a tomar para frenar esta deriva y abordar con contundencia el problema. Pero si esto no es posible, y parece difícil que así sea pues ya han manifestado su rechazo a la propuesta de Rivera de que cualquiera que sea el presidente del Ejecutivo que surja de las urnas se comprometa a salvaguardar la unidad de España, corresponde al Gobierno tomar la iniciativa y adoptar medidas concretas con la contundencia necesaria para lograrlo, haciéndolas del conocimiento público, al mismo tiempo que debe impedir que se sigan produciendo actuaciones que caminen en ese proceso de ruptura con desafíos directos a la ley y al Estado, como los que se siguen produciendo a diario en Cataluña.

Las declaraciones de la nueva presidenta del Parlamento catalán tras ser elegida por la Cámara dando vivas a la república independiente de Cataluña, incumpliendo la ley y las obligaciones del cargo que desempeña son muy graves, y parecen haberse despachado como un episodio más de la locura independentista, pero esta vez ya desde las instituciones legalmente constituidas. Por eso no es de extrañar que al día siguiente se presentara el escrito poniendo en marcha el proceso de independencia, y que hoy se salte el reglamento para celebrar la reunión de los portavoces de los grupos parlamentarios, pese a no estar todos constituidos, requisito necesario para la tramitación del escrito anterior.

Como tampoco resulta menor la actitud que en el Ayuntamiento de Barcelona están teniendo la alcaldesa y el grupo que la sostiene en relación a la presencia de los símbolos del Estado en el salón de plenos y las declaraciones hechas al respecto, afirmando que «la simbología la decidirán los grupos municipales en base a la neutralidad ideológica» (sic), y no en base a la ley, para añadir a continuación que «es difícil que un Rey presida las sesiones de un ayuntamiento democrático» (sic).

Estamos, sin duda, ante el problema más grave que afronta nuestro país y que condicionará también nuestro futuro, pues a nadie se le oculta que hay otros territorios que, aún agazapados, persiguen el mismo objetivo y que siguen atentamente el desenlace que tenga el desafío independentista catalán para dar un paso adelante.

Lo que se haga de aquí a las elecciones será determinante para el resultado de las mismas, y de éste dependerá también la solución futura. De ahí que no se pueda ya dudar y seguir confiando en que el sentido común se impondrá a esta deriva. Hay que actuar con claridad y contundencia y el que lo haga y así lo perciban los ciudadanos tendrá mucho ganado para el mes de diciembre.