El juramento y el informe de la abogacía del Estado

La actualidad política, centrada en la investidura del secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, y los pactos, ha dejado en el olvido los desafíos a la unidad y a la Constitución que se vienen produciendo en Cataluña sin que el Estado y sus instituciones respondan.

Hace un mes que el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, tomó posesión de su cargo con un juramento contrario a la Ley, que obviaba el acatamiento a la Constitución y la lealtad al Rey, jurando sólo «fidelidad a la voluntad del pueblo catalán representada por el Parlament». Fórmula empleada por la presidenta del Parlamento catalán, señora Forcadell, al tomarle juramento.

El Ejecutivo anunció que encargaba a la Abogacía del Estado un informe para actuar contra ella, porque «no iba a dejar pasar ni una», según declaró el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La provocación y el desafío se acrecienta ante la pasividad del Estado y sus instituciones. El Parlament ha acordado poner en marcha tres leyes para «desconectar» España: transitoriedad jurídica, seguridad social, y hacienda propia.

Puigdemont, anterior alcalde de Gerona, ya utilizó en su toma de posesión una fórmula ilegal que quisieron imponer a todos los ayuntamientos Independentistas, y que fue rechazada rápidamente por tal razón. Su sucesor allí ha tenido la misma suerte, no dando por válido su juramento inicial y debiendo repetirlo conforme a la fórmula tradicional, con los añadidos posteriores.

La Sra. Forcadell desde la Presidencia del Parlamento Catalán, terminó su discurso dando vivas a «la república catalana», vulnerando flagrantemente la Constitución y sus responsabilidades como representante de una institución del Estado amparada por ella.

Ninguna de estas actuaciones ha tenido consecuencias legales, ni respuesta contundente por parte del Gobierno o la Justicia para impedirlas, lo que hace que el nacionalismo independentista esté cada vez más crecido y actúe con total impunidad en la consecución de su objetivo de separarse de España.

Después de un mes parece increíble que la Abogacía del Estado no haya emitido el informe anunciado para dar respuesta a estos desafíos. Y más increíble es que nadie se preocupe por ello. Si hubiera dudas sobre la legalidad es terrible que no se haya hecho nada en cuatro años para evitarlo cuando llueve sobre mojado, e implica una debilidad tremenda de nuestro sistema constitucional y legal para impedir estas agresiones al mismo, y una falta de reacción del Estado y del Gobierno ante el desafío más grave que tiene nuestro país, que puede complicarse aún más, dada la fragmentación política y el peso de los partidos que están dispuestos a facilitar fórmulas que les permitan lograr sus objetivos.

El Real Decreto 707/1979 estableció la fórmula de juramento o promesa para los cargos públicos. Si no vale, que se cambie. Y si vale, que se exija su cumplimiento con las consecuencias jurídicas que procedan para quien lo incumpla.

Esto mismo ha venido ocurriendo con el anuncio reiterado del inicio del proceso independentista y la creación de una Constitución propia y un Estado independiente para sustituir la legalidad española por la catalana en 18 meses, –a la que responden estas tres leyes puestas en marcha–, que han hecho Forcadell y Puigdemont desde sus responsabilidades institucionales, sin más respuesta que unas declaraciones de rechazo, y, en algunos casos, con enorme tibieza.

¿Sabremos algo de aquel informe, del anunciado ahora contra estas tres leyes y de sus propuestas antes de que haya un nuevo gobierno, se celebren nuevas elecciones, o vayan más lejos en sus acciones, o esperaremos de nuevo a que lo que venga -que parece va a ser bastante peor-, nos resuelva el lío?