El maletín nuclear

El pleno que esta mañana va a celebrar el Parlamento de Cataluña, con muchos visos de acabar convirtiéndose en la sesión de la infamia y con la intención de plantear y someter a votación esa propuesta de «inicio del proceso» para una Cataluña independiente en forma de república, va a marcar el pistoletazo de salida –ahora sí– de una batalla política y legal en la que solo puede resultar vencedor el Estado de derecho que garantiza la Constitución de todos los españoles sin excepción, vivan en Melilla, en Alcobendas o en Bañolas.

Y resulta que esa sesión marcada para hoy lunes, cuyo primer y único éxito pasa por su mera celebración en el Parlamento catalán gracias precisamente al garantismo de nuestra Carta Magna, ya no es una «gran barbacoa» festiva de derecho a decidir como se vistió hace justo un año la mascarada del simulacro de referéndum, ahora no se trata de cadenas humanas por las calles de Barcelona ni de recuentos de papeletas en urnas improvisadas en pos de la propaganda, ahora estamos hablando de la utilización al corte y medida de quienes pretenden saltarse la legalidad de todo un Parlamento y eso son palabras mayores.

El soberanismo tendrá su «momento de gloria» esta mañana ante los corresponsales de prensa extranjera, a sabiendas de que la imagen de un parlamento debatiendo el proceso independentista cuela más que las toneladas de ilegalidad que conlleva, pero el salto en esta ocasión no garantiza ni red ni colchoneta. El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional y, si la deriva no cesa –que no lo parece–, nadie duda ya de que la Constitución está para ser cumplida y su cumplimiento pasa por la aplicación de su articulado.

Se ha creado un imaginario en torno al artículo 155 de la Constitución que por puro desconocimiento, cuando no por premeditada manipulación, hace pensar que la aplicación de dicho artículo vendría a ser algo así como un «recurso in extremis», una especie de «estado de excepción» aplicado con la misma solemnidad y gravedad con la que el Gobierno de una potencia mandaba abrir el «maletín nuclear» en las películas sobre la Guerra Fría.

Pongamos las cosas en su sitio, una eventual aplicación del artículo en cuestión –que, insisto, está precisamente para velar por el cumplimiento de la Constitución de todos– ni supone que la legión y los regulares acudan a desfilar por Les Corts, ni que un batallón de «hombres de negro» al modo «troika» irrumpan en los centros oficiales. Más bien estamos hablando del brete que supondría para los dirigentes independentistas la inhabilitación de funcionarios que nada tienen que ver con la deriva política, de dar curso a requerimientos sobre suspensión y traspaso de funciones o de apretar un simple botón, no precisamente nuclear sino de un ordenador central.

El imaginario en torno a la «bicha» del 155, que simplificado viene sencillamente a instar a la autonomía a cumplir forzosamente sus obligaciones constitucionales por el interés general, va a suponer toda una prueba para el consenso entre los grandes partidos.