El valor de la estabilidad

La izquierda antisistema y algunos periodistas han confundido los deseos con la realidad al certificar la defunción del bipartidismo imperfecto que ha gobernado España desde la Transición hasta nuestros días. La realidad es que no ha existido bipartidismo tal como se define en ciencia política y que es el modelo que encontramos en Gran Bretaña, aunque actualmente los conservadores de Cameron gobiernan en coalición con los liberal demócratas de Clegg, o en Estados Unidos. No hay que olvidar que en ambos casos el modelo es mucho más complejo, porque el sistema electoral hace que no exista un modelo de partidos rígido como el que encontramos en la Europa continental. Los parlamentarios británicos son «propietarios» de sus escaños y no existe una disciplina de partido como en España. El caso de Estados Unidos es todavía más diverso, aunque formalmente los senadores y congresistas tengan una adscripción demócrata o republicana. En numerosas ocasiones he visto cómo se utilizaba el bipartidismo de la Restauración como ejemplo olvidando, una vez más, las fuertes corrientes alrededor de diversos líderes que existían dentro de las formaciones conservadora y liberal. Por tanto, el término bipartidista es útil a la demagogia de los grupos antisistema, pero poco certero si se analiza la realidad tanto presente como pasada así como la existente en otros modelos parlamentarios.

Es cierto que la Transición en el ámbito parlamentario estuvo protagonizada por UCD y el PSOE y que AP/PP asumió el relevo de los centristas tras la victoria de Felipe González en 1982. Una inmensa mayoría de la población española ha venido apoyando a estas formaciones que han generado una estabilidad política y un desarrollo económico, social y cultural que ha situado a España entre las naciones más avanzadas y prósperas del mundo. El modelo que rechazan las formaciones neocomunistas como Podemos y los partidos de izquierda «light», como UPyD y Ciudadanos, que pueden votar los seguidores del PP enfadados, se sigue estudiando en muchas universidades del mundo como un ejemplo de transición política y de consolidación y desarrollo de una monarquía parlamentaria.

Es cierto que hemos sufrido la mayor crisis económica desde la posguerra, con unas consecuencias muy dolorosas en la destrucción de empleo y por la necesidad de aplicar una serie de reformas y recortes imprescindibles para lograr la recuperación que estamos viviendo. España ha tenido una caída aproximada de un 27 por ciento del PIB en el periodo que va desde 2008 a 2013. Entre 2002 y 2007 crecimos un 21 %, a un ritmo de un 3,5 % anual, mientras que entre 2008 caímos un 6,2 %, a lo que hay que sumar lo que hubiéramos crecido de acuerdo a las series históricas. La caída de los ingresos del Estado fue de unos 70.000 millones. La excelente gestión de Rajoy y su Gobierno impidió que tuviéramos que solicitar el rescate y que la crisis fuera todavía más grave. La consecuencia política de esta demoledora situación que se ha vivido en estos seis años es el lógico desgaste electoral tanto del PP como del PSOE, a lo que hay que añadir el impacto de los deleznables escándalos de corrupción.

A pesar de todo ello, las formaciones emergentes, Podemos y Ciudadanos, se sitúan entre un 10 y un 15 %, lo que hace que estén muy lejos de ser una alternativa de gobierno. Conforme pasan los días, se comprueba la inconsistencia de las propuestas de la izquierda antisistema que pretende aplicar en España las fórmulas neocomunistas de una economía dirigida y la ingeniería social que siempre han fracasado.

La realidad social española hace muy difícil, por no decir imposible, la sustitución del PP y el PSOE por formaciones y dirigentes sin experiencia y con propuestas inconsistentes. Otra cuestión distinta es que la situación sigue siendo complicada para los dos grandes partidos y sus líderes, que necesitan recuperar la confianza que han perdido en una parte de su electorado. Las sociedades avanzadas son poco proclives a los experimentos, porque se juegan mucho como se está comprobando en Grecia. La mejor garantía del progreso es la estabilidad política.