En defensa de la farmacia

El Ministerio de Economía tiene que dar marcha atrás y aparcar a un lado el último borrador de servicios profesionales que empezó a divulgarse el día de los inocentes. La liberalización de las farmacias que plantea, al suprimir la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad de las farmacias para el farmacéutico, constituye una bomba de relojería que ni pide Europa, ni contribuye a aumentar la competitividad de nuestra dañada economía, ni mejora la salud de los ciudadanos. Más bien, al contrario. Con esta decisión, el Gobierno no gana nada y pierde todo. Pierde definitivamente el apoyo de los boticarios, que ya vienen sufriendo el desastre de los impagos. Y pierde, o hace perder a los españoles, una red modélica que pivota sobre más de 22.000 profesionales universitarios, y que es capaz de poner en cualquier lugar del país, por remoto que sea, el medicamento más raro que se necesite, aunque su distribución carezca de rentabilidad. Algo ejemplar que estallaría por los aires si se diera entrada a las grandes multinacionales de la distribución, lo que parece perseguir el proyecto. Con el texto, podrían convertirse en dueños de una o de centenares de farmacias un abogado ruso, un fondo de capital riesgo, el accionista mayoritario de un cadena de centros comerciales o un ciudadano chino, con el único requisito de que mantengan al frente de los establecimientos, como asalariados, a los boticarios. Como quiera que las propias farmacias sostienen el actual régimen de distribución de los fármacos en régimen de cooperativas, el cambio implicaría aparcar a un lado el principio de solidaridad por el de la búsqueda de beneficio, por lo que sería difícil que algunos productos llegaran a zonas rurales, al no ser rentable su reparto. Como ministra de Sanidad, Ana Mato tiene que pleitear con Luis de Guindos para que el proyecto se anule. Y debe contar con la ayuda de Ana Pastor, quien resaltó en la campaña electoral la apuesta del PP por el modelo mediterráneo de farmacia. El texto, además, no ayudaría a rebajar el precio de las medicinas, pues en España el mercado está regulado.