¿Financiación?

Con motivo de las pasadas elecciones autonómicas y la necesidad de elaborar los Presupuestos para el próximo año 2016, los nuevos gobiernos surgidos de los comicios, al margen de la opción política que representen, están demandando al Gobierno de España la aprobación de un nuevo modelo de financiación.

Apenas hace tres años, sólo algunos señalábamos la necesidad de acabar con el modelo actual por ser un modelo impuesto por razones políticas por el Gobierno socialista para beneficiar a unas comunidades afines y mayoritarias en población –Cataluña y Andalucía– que nos perjudicaba a todos, y en especial a los que más recursos generábamos –Madrid y Baleares–.

El Gobierno de España se había comprometido a hacerlo y así lo anunció en su campaña electoral, pero la situación que se encontró al asumir sus responsabilidades le hizo posponerlo hasta que la situación económica mejorara, y posteriormente también, hasta que se aprobara una rebaja fiscal que contrarrestara la subida de impuestos que había tenido que realizar, en contra de lo que también había prometido.

El modelo vigente, a diferencia del que se aprobó por unanimidad con el Gobierno del PP –que era permanente y revisable en alguna de sus variables, en especial la población–, se impuso unilateralmente por el Gobierno del PSOE para beneficiar a las comunidades que le sostenían. Por el contrario, provocó que algunas comunidades autónomas, y en especial Madrid, recibieran menos dinero cuanto más recaudasen.

Este injusto sistema de financiación era tan malo que, apenas empezó la crisis económica y pese a todas sus trampas, se puso de manifiesto que ni siquiera servía para satisfacer las necesidades de las CC AA que más se beneficiaban.

El nuevo Gobierno, a pesar de posponer la aprobación del nuevo modelo, se vio obligado a dotar con más dinero a algunas CC AA, debido a la desastrosa gestión realizada por sus gobiernos, a la crisis económica existente y a la falta de recursos del sistema que les llevaba a una situación prácticamente de quiebra. Y lo hizo de una manera dispar y desigual, tratando mejor a los que más habían incumplido sus obligaciones presupuestarias, y peor a quienes habían hecho los mayores esfuerzos y más contribuían a la recuperación económica.

La mejora de la situación económica permitió al Gobierno aprobar la reforma fiscal anunciada, pero no abordó el nuevo modelo de financiación tal y como se había comprometido, sino que prefirió utilizar los mayores recursos disponibles para continuar con las medidas dispares que, de nuevo, tampoco han servido para corregir los desfases ni las insuficiencias existentes, ni los graves problemas políticos que alguna comunidad autónoma ha planteado sobre la base de falsas razones económicas para justificar su desafección de España.

En consecuencia, la elaboración y la aprobación del nuevo modelo de financiación siguen pendientes, con un modelo agotado cuya vigencia expiró hace meses, y con la unanimidad de todos acerca de la necesidad de que ese nuevo modelo de financiación aborde las cada vez más complejas demandas de cada territorio y permita el mejor funcionamiento del Estado autonómico. El presidente del Gobierno ya ha anunciado que será aprobado la próxima primavera por el nuevo Gobierno que surja de las elecciones generales de diciembre, lo que deberá hacerse en un escenario político mucho más dividido y complejo, y con un Ejecutivo presumiblemente más débil, lo que no augura nada bueno.

En este contexto se ha planteado también por algunas CC AA de diferentes signos políticos la necesidad de revisar también los privilegios de los que gozan País Vasco y Navarra, y su contribución a la solidaridad con el resto de las regiones, tal y como exige la Constitución en su artículo 2.

El nuevo modelo, por tanto, debe ser capaz de fijar criterios de reparto que tengan en cuenta las necesidades de cada territorio para poder prestar los servicios y ejercer las competencias que tengan asignadas, pero al mismo tiempo garantizar unos ingresos justos y equitativos para todas las CC AA considerando los esfuerzos que cada una de ellas hacen, la gestión que realizan y el cumplimiento de los objetivos que son comunes y obligatorios para todas ellas. Y además garantizar la solidaridad entre todas las comunidades con independencia de que tengan un sistema de financiación diferenciado, tal y como exige la Constitución sin distinción.

Las fórmulas son muchas y complejas pero será difícil admitir un sistema que no establezca una financiación mínima por habitante igual para todas las CC AA y que garantice a quienes más recaudan que no recibirán ingresos por debajo de la media de lo que reciben por habitante los demás y, en todo caso, nunca menos de lo que reciban las que menos recaudan.

En cuanto al caso de Navarra y el País Vasco, los gobiernos de ambas comunidades autónomas se han apresurado a decir que no admitirán que se modifique el régimen del concierto ni el régimen foral.

A este respecto hay que decir que la UE viene advirtiendo desde hace tiempo de que este sistema diferenciado para el País Vasco y Navarra no tiene encaje en el marco comunitario,y habrá que abordarlo con tiempo y diálogo para ver su solución.

Pero es evidente que mientras eso llegue los regímenes especiales de País Vasco y Navarra están recogidos en la Constitución española y hay que respetarlos y cumplirlos.

Pero ello no les excluye de la obligación constitucional de contribuir a la solidaridad, como el resto de territorios. Esa solidaridad consiste en que de los recursos propios que una comunidad tiene para pagar sus servicios se detrae una parte para contribuir a la financiación de los servicios de otras comunidades que no generan lo suficiente para pagar los suyos. Y en ninguno de los dos casos se da esta circunstancia.

En consecuencia, el nuevo modelo de financiación que se establezca deberá recoger con claridad cómo y cuánto aportarán ambas comunidades autónomas a la caja común de la solidaridad, cumpliendo así el mandato constitucional dejado de lado tantos años.

*Ex presidente de la Comunidad de Madrid