¿Hasta cuánto consentiremos?

La forma de entender el ejercicio del poder, la defensa de los derechos, la participación de los ciudadanos en la gestión o el respeto a la Ley de los autodenominados defensores de los ciudadanos puede resumirse en Juan Palomo: «Yo me lo guiso y yo me lo como», y consiste en aplicarse a sí mismo lo ancho del embudo y lo estrecho a los demás. Sólo lo que a ellos les parece bien es lo correcto y lo ético, y debe imponerse por cualquier medio, pues el fin lo justifica todo. La pulcritud y la ejemplaridad exigida a los políticos la aplican de manera distinta según se trate de ellos mismos o de sus adversarios, incluso cuando hayan sido condenados por los tribunales. Así, el secretario de organización puede «explotar» a su asistente social y defraudar a la seguridad social y no por ello es un empresario corrupto que se beneficia explotando al trabajador. La portavoz municipal en Madrid es condenada por vulnerar los derechos fundamentales de los católicos, y no sólo no tiene consecuencias políticas, sino que es felicitada por ello en defensa de «su libertad de expresión». Los señores Errejón y Monedero defraudan a la Universidad y se benefician económicamente de ella y tampoco se les exigen responsabilidades políticas en aras de la ejemplaridad.

Lo preocupante es que a fuerza de ser recurrente parece aceptada como «una más» de estos señores. Pero aún lo es más que esta actitud se extiende cada día más a desafiar la Ley, el Estado de Derecho y las resoluciones judiciales cuando no son de su agrado. Así, la pretensión de dar derechos a los «manteros» que venden ilegalmente en la calle o el dárselos a los que han «okupado» ilegalmente una vivienda en detrimento de los que esperan obtenerla legalmente. El desaire a la Fiesta Nacional y a las instituciones del Estado y el desacato al juez que ordena se respete. O la aprobación de un Presupuesto que no se ajusta a la Ley porque «un Gobierno en funciones no puede ir contra una decisión del Pleno municipal», dando por supuesto que las leyes que no les gustan no les son de aplicación.

No se trata de actitudes propias de ignorantes o novatos. Responden a una estrategia. La alcaldesa de Madrid ha señalado que «liderar implica concertar, y la Ley no lo permite porque es rígida». O que «la Justicia no reconoce el derecho de la ciudad» pues «cualquier ciudadano puede impugnar una decisión de la autoridad municipal y eso es un riesgo, porque hay mafias que se dedican a obtener un rendimiento económico con ello», añadiendo que la política municipal «la hace el TSJM, que está alejado de las necesidades de la ciudad», lo que en boca de una ex jueza pone los pelos de punta. Eso sí, cuando los pronunciamientos son coincidentes con lo que defienden, o las actitudes de esas «mafias» caminan en la misma dirección que ellos, las denuncias se tornan alabanzas.

La falta de una reacción inmediata, y más allá de las meramente jurídicas frente a estas actitudes, y la connivencia de muchos medios hacen que crezcan minando el Estado de Derecho y haciendo más ardua y difícil la solución de los conflictos, con el claro riesgo de confrontación social. El apoyo irresponsable que reciben del PSOE, pese a pasarle factura, les permite seguir actuando de la misma manera. Es preciso impedir que esto vaya a más. La provisionalidad en la que estamos no puede servir de excusa, y corremos el riesgo de lamentarlo.