Ilegalidad manifiesta

Hace más de diez años nos dotamos de una buena ley de partidos políticos que permitió colocar fuera de nuestra democracia a la formación política vasca que dirigía a la banda terrorista ETA, y que si no hubiera sido por una deplorable sentencia de nuestro Tribunal Constitucional seguiría fuera de nuestro sistema parlamentario, como mínimo hasta que pidiera perdón por el mucho sufrimiento que ha causado. Pero como todo en la vida, requiere actualización, y plantearse cómo dar respuesta a partidos políticos que animan a la transgresión constitucional y legal en Cataluña. Esta ley considera como una causa de posible ilegalización de un partido político el que de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, mediante las conductas a que se refiere su artículo 9. Si analizamos este artículo, contempla supuestos relacionados con el terrorismo como forma de amedrentar a la sociedad, y hacer política a costa de este amedrentamiento. Su lógica no prevé a partidos políticos como los que ahora nos traen de cabeza en Cataluña, y que han sobrepasado la democracia y sus reglas, además de estar proponiendo e intentado un auténtico golpe de Estado a nuestra democracia. Nuestra Constitución se instala en eso que el Tribunal Constitucional, en otra penosa sentencia, denominó indiferentismo ideológico, entendido en el sentido de que admite cualquier tipo de ideología, con el límite del orden público, frente a lo que sucede en otros ordenamientos, como el alemán, en el que quedan proscritas las ideologías contrarias a los principios recogidos en la Constitución, de tal forma que se admite incluso la defensa de ideologías contrarias al ordenamiento constitucional, siempre que respeten las formalidades establecidas y que no recaigan en supuestos punibles de acuerdo con la protección penal. Pues bien, en España permitimos que los partidos políticos puedan defender un orden diferente al establecido, que puedan reclamar un cambio de modelo de estado, e incluso la independencia de una parte de España como es el caso, pero esto no se puede hacer transgrediendo el orden legal como también es el caso. Ahora toca, además de perseguir penalmente a los que desobedecen las decisiones judiciales, colocándose a las puertas del delito de sedición, perseguir legalmente a los partidos políticos que con su actividad y no con su ideóloga transgreden el orden legal y constitucional; si con el texto de la actual ley no podemos, tendremos que pensar en cambiarla. Gran parte de la población española, e incluyo obviamente a Cataluña, no entiende que de forma impune se esté escribiendo un relato histórico de ilegalidad e injusticia, un relato que no admite la esencia de la democracia, y no asume ni quiere asumir la falta de legitimación democrática de su proyecto. Si creemos en las reglas democráticas, y aunque no se quiera asumir el marco legal, como mínimo se deben respetar las reglas de la mayoría, y esto lo saben quienes con más de la mitad de la población en contra siguen en su locura independentista. No es tan difícil asumir el error y cambiar.