Insurrección catalana

Lenta, cansina, inexorable, la insurrección catalana progresa paso a paso, a veces con disimulo, en ocasiones con alharacas, siempre con la voluntad férrea de los que resisten y no se pliegan a las componendas. No esperemos en Cataluña un alzamiento de Pascua, como en la rebelión irlandesa, ni una irregular campaña terrorista, como en la utopía etarra para el País Vasco. No. El proyecto de los independentistas catalanes se mide en conceptos ambivalentes, aparentemente democráticos, para los que se impone una interpretación unidireccional, pero que pueden ser invocados ante los tribunales con un sentido inverso que los vacía de cualquier voluntad delictiva.

Y en ese toma y daca estamos. Primero fue un referéndum teñido de consulta informal, pero con pleno sentido legitimador. Luego siguió un plebiscito oculto tras unas elecciones cuyo resultado se interpretó como aval para una legislatura en la que se formalizarían las instituciones del nuevo Estado, como si el mandato de las urnas y, sobre todo, la turbia formación del Gobierno de la Generalitat no admitieran otro destino. A continuación vino la resolución independentista del Parlament, inmediatamente anulada por el Tribunal Constitucional, aunque no parece que ello arredrara a sus promotores aun a pesar de las amenazas de sanción que conllevaba. Y ahora, mientras se anuncia la creación de una ponencia parlamentaria para desarrollar, en la materia hacendística, aquel acuerdo invalidado, la Diputación de Barcelona se propone aportar sus primeros clientes a la Agencia Tributaria Catalana dejando fuera de la Ley a cinco mil funcionarios que, de repente, habrán dejado de cumplir, sin quererlo, sus obligaciones tributarias.

Así, poco a poco, con pasos medios y con apariencia pacífica, progresa la insurrección nacionalista en Cataluña mientras el Estado se ve más bien sobrepasado por los acontecimientos, pues su respuesta jurídica carece por el momento de frutos y los acuerdos políticos en los que se declara con solemnidad que la independencia jamás tendrá lugar se parecen cada vez más a un papel mojado en virtud del deshielo que, al parecer, quiere imponer sobre este asunto el secretario general de los socialistas sin que, en su propio partido, haya protesta alguna. Claro que, como me ha recordado Don José, mi tío, en todo esto juegan un papel muy relevante los tribunales, pues no sólo se lo toman con parsimonia, sino que actúan sin unidad de criterio. Así, me confiesa que no puede entender que el fiscal de la Audiencia Nacional quiera empapelar a un concejal de pueblo por incitar a la sedición al defender la moción independentista del Palament, mientras que el del TSJ no hace nada contra los que la redactaron y aprobaron. Y añade que este tribunal está mareando la perdiz en el tema de la consulta del nueve de noviembre. O sea, que con los jueces hemos topado, concluye. No es como en otros tiempos, me dice evocando la azarosa tramitación del Estatuto Vasco durante la II República, cuando por menos había detenciones, se cerraban sedes de partido y se secuestraban periódicos. ¡Vivir para ver!