Jueces figurantes

Como voy a referirme al «caso Gürtel» inevitablemente utilizaré siglas de al menos dos partidos políticos. No conozco bien el mapa procesal de esa trama; sí, que el proceso principal se ventila ante la Audiencia Nacional. Si antes me refería a siglas políticas es porque –perdón por la obviedad– es un caso que afecta al PP, y por lo tanto se mezclan la política y la Justicia.

Al parecer, en el tribunal que juzgará la primera de las causas, de sus tres magistrados, dos fueron elegidos Vocales del Consejo General del Poder Judicial por el PP, por lo que las acusaciones –entre ellas el PSOE, las otras siglas que anunciaba– niegan que sean imparciales; es decir, que si los afectados no se apartan, pedirán que se les aparte. Prosperen o no las recusaciones, sí que queda comprometida la idea de imparcialidad, y por lo tanto la credibilidad del sistema judicial; de este modo si el tribunal no cambia y la sentencia no satisface a los acusadores, está servido el argumento de connivencia con el PP.

Pertenecí al Consejo que rigió la Justicia entre 2001 y 2008. Propuesto por mi asociación, me eligió el PP –como a esos dos magistrados «contaminados»– y desde entonces, me guste o no –más bien no–, para algunos llevo colgado el sambenito de que soy un juez del PP. Aunque en mis treinta y tres años de carrera profesional haya aplicado leyes con criterios jurídicos y según la voluntad del legislador, leyes promovidas por partidos de todos los colores, incluso de distintos regímenes políticos, aunque demuestre imparcialidad e independencia, si se tercia y conviene, ese sambenito saldrá a relucir para desautorizarme. Mi única salvación –como la de esos otros dos jueces– es que nuestras sentencias hablen por sí solas.

Cuando en 1985 el PSOE enterró el pacto constitucional y alumbró un Consejo General elegido no por los jueces sino por los partidos, muchos dijimos que eso afectaría a la percepción de nuestra independencia. Y ahí están las consecuencias: para los ciudadanos los jueces estamos en la órbita de los partidos políticos, somos figurantes en el gran teatro de la lucha política, aunque la realidad sea otra. Entre eso y la lentitud, no levantamos cabeza.

Hay mucha hipocresía entre quienes hicieron ese cambio apartándose del pacto constitucional. Pretextaron aberraciones como que la Justicia es un quehacer político, que los jueces deben interpretar las leyes según las mayorías políticas. Es más, alguna asociación judicial apoyó ese cambio porque –decían y dicen– los jueces tienen un compromiso político, o decían y dicen que están en la Justicia para hacer presente su ideología, asociaciones en las que militó alguna alcaldesa que dijo que los programas electorales son fuente del Derecho. Con esa lógica, si el compromiso político del juez forma parte del sistema, deberían sobrar las recusaciones; pero todo quiebra cuando desde su lógica el juez no es próximo.

¿A qué lleva todo esto? Sencillamente, a la desconfianza de los ciudadanos, al desprestigio de los jueces y, lo peor, a que la Justicia, más aún, el Derecho, tenga un valor relativo para unos políticos que, más que lo justo, quieren influir sobre lo que les limita. Aunque no lo logren han creado una mentalidad y un medidor político del quehacer judicial, al menos para cuestionar la actuación judicial perjudicial. Y no hay esperanza de cambio: esa reforma ya no es patrimonio de su autor, el PSOE, sino también del PP, que prometió volver al modelo originario, netamente constitucional, y no lo ha hecho. Que se sepa, de los partidos en liza, sólo Ciudadanos está por el cambio.

Visto cómo conciben la Justicia los partidos, mal hacemos los jueces involucrándonos en el único sistema de gobierno judicial que admiten, aunque sea porque nos desprestigia y zarandea. La Constitución quiere que la Justicia la gobernemos mayoritariamente los jueces, pero para eso tenemos que ser elegidos por unos partidos que nos echarán en cara esa elección que defienden si tenemos que juzgar asuntos de su incumbencia e interés y no les somos propicios, por mucha imparcialidad y profesionalidad que demostremos; y es que, en el fondo, ni ellos creen en ese sistema. Con este panorama, la única salida digna que tenemos los jueces es seguir defendiendo la necesaria despolitización de la Justicia.