Juro o prometo

El espectáculo vivido en la sesión constitutiva del Congreso pasará a formar parte del elenco de esos días que no nos merecemos, y no me refiero precisamente a la presencia de un bebé en la Cámara. Lo más grave son las fórmulas de promesa utilizadas por algunos de los diputados electos que llaman la atención, no tanto por la pobre imaginería utilizada, sino por lo que suponen de no aceptación el orden legal establecido, que es ya lo poco en común que tenemos, y que habrá que preservar. En caso contrario el caos será el que gobierne en España, y eso, ya sabemos a lo que nos condujo. La fórmula de juramento o promesa para la aceptación de un cargo no es algo meramente formal o retórico, sino al contrario, como lo demuestra la práctica generalidad y actualidad de la exigencia de la promesa o juramento a las constituciones en el derecho comparado, y ello entendido en su auténtico sentido contemporáneo, manifestación de lealtad en el desempeño de la función parlamentaria con el ordenamiento constitucional que la comunidad política se ha dado a sí misma. Se debe partir, como ya sancionó hace muchos años nuestro Tribunal Constitucional, que la libertad ideológica de los titulares de los poderes públicos –sin la cual no sería posible ni el pluralismo ni el desarrollo del régimen democrático– ha de armonizarse en su ejercicio con el necesario cumplimiento del deber positivo inherente al cargo público de respetar y actuar en su ejercicio con sujeción a la CE, y por ello, si se pretendiera modificarla, de acuerdo con los cauces establecidos por la misma. En definitiva, cuando la libertad ideológica se manifiesta en el ejercicio de un cargo público, ha de hacerse con observancia de deberes inherentes a tal titularidad, que atribuye una posición distinta a la correspondiente a cualquier ciudadano. Un diputado, como cualquier funcionario o cargo público, debe prometer o jurar el cumplimento de la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, porque es lo que no une a todos, y los ciudadanos debemos tener la absoluta confianza en ello; por ello el que no lo hace, como ha sido el caso del nuevo presidente de la Generalitat, ya nos está advirtiendo de la expresa posibilidad de desobediencia al actual marco político legalmente instituido. Un diputado ejerce la representación de la soberanía popular, y no sólo la del grupo que le ha elegido para optar al cargo. Después de ver las diferentes y peregrinas fórmulas de promesa del cargo, uno pareciera estar releyendo a Aristóteles, cuando hacía referencia a que la democracia como gobierno el pueblo degenera en oclocracia, como gobierno de la masa. Nos decía el filósofo que cuando una multitud por sí misma tiene capacidad de gobernar, sus aspiraciones confusas, irracionales, egoístas y contradictorias se resuelven de forma degenerada, algo que Gustavo Bueno denominó fundamentalismo democrático como una fase embrionaria de la oclocracia. Al resto de los ciudadanos no nos queda más remedio que cumplir con la Constitución y las leyes, y como decía Edward Moore Kennedy, en política sucede como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto, está mal.