¿Justicia universal para Uruguay?

Uruguay, «el paisito», es la única nación que se llama oficialmente como donde está: la República al Oriente del río Uruguay. Cosas de un Estado-tapón entre Brasil y Argentina, urdido por la malicia política británica. Lo ha puesto en el mapa su legalización de la marihuana y la personalidad de su presidente, José Mújica, un viejo tupamaro con 17 años de prisiones inhumanas en su biografía y que vive un poco más dignamente que un mendigo. La derecha le reprocha que no se limpie al menos sus solitarios zapatos. Mújica, a sus 79 años, estima sabiamente que el rencor es una pérdida de tiempo. Los tupamaros (por el líder indígena Tupac Amaru) fueron bravos y perfeccionaron tanto la guerrilla urbana que alumnos de ETA se desplazaron a Montevideo para aprender las últimas novedades en zulos. Una generación de arquitectos e ingenieros fueron «tupas». Asesinaron a Dan Mitrione, agente de la CIA, experto en contrainsurgencia, embozado como agregado agrícola de la Embajada americana. El embajador inglés sufrió el mismo calvario que Ortega Lara, pero en el centro de Montevideo. Al fundador del movimiento, el abogado y agitador agrario Raúl Sendic, le dieron un fusilazo de mejilla a mejilla, dejándole sin lengua, cuando se entregaba desarmado, y le tuvieron años encerrado en un depósito de agua. Al general Líber Seregni, que dirigió la represión militar le condenaron sus conmilitones a 14 años por traición a la patria, frecuentar intelectuales y oponerse a la institucionalización de la dictadura. La sangre y el sufrimiento están pesados, medidos y contados, pero recuperada la democracia en 1985, el Congreso aprobó una ley de amnistía para caníbales y canibalizados. No contentos con ello, la ley de olvido se sometió a referéndum en 1979, siendo votada por el 57% del censo. Uruguay fue en el XIX «la Suiza de América», de entre los pocos primeros del mundo en el voto femenino y la enseñanza obligatoria gratuita. Las mujeres se jubilaban con el primer hijo, y aún viviendo yo allí el duelo entre caballeros estaba regulado por el Código Penal. El «paisito» cayó en la pobreza por exceso de protección social, pero persiste una cultura media que les ha permitido pasar sin vergüenza la página de las abominaciones de su dictadura. La primera emigración uruguaya es española, seguida por la italiana. A miles de españoles, hijos y nietos de tales, la mayoría con doble nacionalidad, el rodillo militar les pasó por encima ultimando vidas y haciendas. Ignorando, como si fuera una colonia, su libre legislación refrendada, ¿va nuestra Audiencia Nacional a aplicarles el principio de Justicia universal para resarcir a los españoles atropellados? El apartado de los narcos lo ha redactado un leguleyo, pero pretender la Justicia planetaria parece cosa de la inefable Leire Pajín.