La espera de Llarena

El juez Pablo Llarena vio las pruebas de la movida catalana y decidió que había que retirar la órdenes europeas e internacionales de detención contra Carles Puigdemont y sus ex consellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Posantí. La decisión –tomada el martes pasado, justo al comienzo de la campaña electoral catalana– incluía dos órdenes, la conocida retirada y una petición a las autoridades belgas para que dejaran sin efecto la colaboración solicitada por España.

La sorpresa en nuestro país fue mayúscula, y no tanto por la estrategia del magistrado, que todos salvo los independentistas estimaron acertada, sino porque no se hubiera producido ninguna filtración de la misma. Ese día periodistas y políticos nos dimos cuenta de que este juez iba a pasar de unos y otros. ¡Un juez que no quería ser estrella!

Pero la decisión del magistrado del Tribunal Supremo tenía una razón de fondo. Desde que España pidió a Bélgica detener al ex presidente de la Generalitat, se sabía que la justicia de aquel país no incluiría la rebelión en su extradición, pues ese delito no tiene equivalente en su código penal. Y Llarena ha planteado toda su estrategia contra los imputados en torno a ese delito, el más grave de los que se les acusa; el más grave y que según el código penal, al ser un delito colectivo no puede dividirse. Esa idea de la rebelión como delito colectivo fue la que propició precisamente la acumulación en el Supremo de todas las causas contra el Govern, la Mesa del Parlament, y los líderes de la ANC y Òmnium. Pero la cosa no puede acabar ahí.

Si la rebelión es un delito colectivo, hay actores de este delito que no pueden quedarse al margen. Ahora que vamos sabiendo que en las reuniones decisivas de la trama independentista participaron algunos asesores ajenos a las instituciones, es necesario depurar la responsabilidad de cada cual.

La información que publica hoy este periódico sobre la imputación de Anna Gabriel y Artur Mas tras el 21 de diciembre no es más que la consecuencia lógica de todo aquello. Fueron meses en los que las decisiones de unos pocos afectaron a muchos. Y no es lógico que quede impune.

La campaña electoral está pasando de puntillas sobre la responsabilidad judicial de los políticos. Los más osados han hablado de que «comparten» o «respetan» la decisión del juez. Parece como si a casi todos les pesara esa otra responsabilidad que, por acción u omisión, han arrastrado a lo largo de tantos años. Otros hablan de pasar página para construir un futuro que dicen mejor. Pero Llarena, afortunadamente para el Estado de Derecho, está en otra cosa.