La estaca y los estacazos

Quedan cuatro meses. De acuerdo con el guión diseñado por los gurús del independentismo catalán, el próximo septiembre convocarán un referéndum. ¿Habrá urnas y la gente acudirá a votar? El Gobierno de España afirma que no y el Govern de la Generalitat dice que sí. Las mismas posturas que ambos manifestaban en 2014 y entonces se celebró el festejo. Cierto que Rajoy ha elevado el tono e insinúa que se aplicará la ley, pero ni el presidente, ni nadie con mando en plaza cita una acción coercitiva concreta, cada vez que los de PDeCat, sus socios de ERC o los zarrapastrosos de la CUP aseguran que se pasan al Constitucional por la entrepierna y que montarán el tinglado. No sé si recuerdan que el 9-N, cuando de los 7,5 millones de habitantes de Cataluña algo más de 1,8 votaron en cajas de cartón a favor de la secesión, sólo hubo una directora de colegio –del medio millar de centros escolares utilizados por a Generalitat– que no cedió las llaves del edificio para que se usara en la consulta. Dolores Ajenjo confiesa que nunca pensó que sería la única y cuando se le pregunta a qué lo atribuye, da una respuesta acongojante: «Se teme más a la Generalitat que al Gobierno de España». Esa es la clave para entender tanta chulería y las amenazas de Lluís Llach. De forma reiterada, el antiguo cantautor y ahora diputado, advierte a sus conciudadanos que todo aquel que se niegue a arrodillarse ante la ley de desconexión y continúe cumpliendo sus obligaciones fiscales de forma legal, recibirá un buen estacazo. Ha especificado Llach, ovacionado en el Parlament, que habrá sanciones para aquellos, incluidos Mossos d’Esquadra, que osen seguir mostrando lealtad a la democracia y el Estado de derecho. No hay resquicio a la duda. Esta panda de enajenados se apresta a repetir, pero ya en serio, lo que ensayó el 9 de noviembre de 2014 y desde el Estado español, con la legislación y el sentido común en la mano, deberían a estas horas haberles dejado claro el precio que pueden pagar si se pasan de listos. Por si sirve de pista a Rajoy, quisiera reseñar que en España, por fumar tres veces en un lugar prohibido te pueden caer 10.000 euros de multa y que vender tabaco a menores se sanciona hasta con 600.000. ¿Seguirían los funcionarios catalanes teniendo más miedo a Llach que a Montoro si supieran que por prestar el colegio o participar en el paripé te puedes quedar sin empleo y te van a dejar tiritando la cuenta corriente?