La excepción de Iglesias

Los protagonistas de la consulta, el Sr. Puigdemont y el Sr. Junqueras, han endurecido las palabras en las últimas horas. La relación entre ellos y sus organizaciones políticas no deja de ser extraña, un matrimonio de conveniencia por el poder en el que se casan adversarios ideológicos en todo, excepto en el objetivo de lograr la independencia de Cataluña. Son tan rivales que lo que se intentan ventilar en este proceso es realmente la presidencia del gobierno autonómico. Será interesante ver si en unas nuevas elecciones, una vez fracasada la consulta, acuden por separado, para estrellarse, o vuelven a ir de la mano, sumándose la derecha nacionalista en plena descomposición interna de los ex convergentes a la presunta izquierda separatista. Uno y otro han esgrimido dos nuevas líneas de ataque que representan dos caras de la misma moneda. El Sr. Junqueras apela al derecho internacional y a la protección del derecho al voto y, horas después, el Sr. Puigdemont acusa al Gobierno de haber instalado un estado de excepción. Palabras gruesas que solo buscan la agitación para enconar más la situación e intentar dibujar ante su electorado una posición victimista frente a un estado autoritario que no respeta los más mínimos derechos fundamentales.

Si al Sr. Junqueras le ha entrado una vena internacionalista, por cierto, difícilmente compatible con el nacionalismo decimonónico del que hace gala, debería intentar mayor solvencia. De esta manera podría haber revisado el artículo 89 de la Constitución francesa: «Ningún procedimiento de revisión puede ser iniciado o llevado adelante cuando se refiera a la integridad del territorio», o el artículo 21 de la constitución alemana: «Son inconstitucionales los partidos que, según sus fines o según el comportamiento de sus adherentes, tiendan a trastornar o a poner en peligro la existencia de la República Federal de Alemania», la corte suprema de EE UU: «La Constitución, en todas sus disposiciones, vela por una unión indestructible compuesta por estados indestructibles». Podríamos leer la carta magna italiana en su artículo 126, el 1 de la noruega o el 53 de la suiza y así sucesivamente, estado a estado. Es evidente que lo que proponen los separatistas es una anomalía en el derecho constitucional comparado. El Sr. Puigdemont, que es mucho menos sofisticado, ha cargado contra el Gobierno de España, acusándole de declarar ese estado de excepción «encubierto», refiriéndose a la batería de medidas políticas, judiciales y policiales contra el referéndum.

Sólo se pueden extraer dos conclusiones de sus palabras: o bien que no sabe que es un estado de excepción en el ordenamiento jurídico español o que el funcionamiento silencioso del Estado de Derecho es lo que más daño hace a la causa independentista.

Lo del Sr. Iglesias es otra cosa. En los encuentros con su grupo parlamentario suele escuchar más que hablar, es una buena táctica para mantener la cohesión del grupo. Cada diputado, escuchado por su líder, siente que se considera en mayor medida su trabajo. Sin embargo, en el último encuentro intervino con argumentos que se podían haber puesto en boca del Sr. Puigdemont: apeló a la idea de que el PP está imponiendo un estado de excepción. Sin duda, el objetivo del líder podemita no es el de la PDeCAT, no intenta construir un relato de victimismo, lo que quiere es generar la mayor inestabilidad, porque aspira a generar situaciones que hagan dudar al PSOE. Sabe que cualquier ambigüedad socialista en cuestiones de Estado les empuja por el abismo. Debería darse cuenta el Sr. Iglesias de que quien se mueve en la ambigüedad es él, que al negar a sus diputados que se sumen al Estado de Derecho, les arrima hacia el independentismo.