La «nueva» reforma de la educación

La educación ha sido siempre tema central en la batalla política e ideológica en nuestro país desde la transición democrática. Todos los partidos han entendido que era un elemento central para el adoctrinamiento de las nuevas generaciones respecto a la historia y a cómo entender los valores sociales, políticos, culturales y económicos, tratando de arrimar siempre «el ascua a la sardina» de cada uno de ellos.

Si fue arduo el debate del artículo 27 de la Constitución, no lo fue menos su desarrollo normativo desde la llegada del PSOE al Gobierno en 1982 con la lucha por garantizar la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos, la libertad para crear centros docentes no públicos y la sostenibilidad de todos con fondos públicos. Desde entonces las leyes educativas han tratado de condicionar la enseñanza desde posiciones ideológicas en cuanto a contenidos, los enseñantes, la forma de enseñar, las evaluaciones, el reconocimiento o no del mérito y el esfuerzo, en las que siempre se han impuesto los postulados socialistas y los nacionalistas, impidiendo la aplicación de las leyes aprobadas por la derecha cuando ha gobernado.

La debilidad de esta última y la fuerte presión de aquéllos se ha manifestado nuevamente con la paralización de la última ley popular (para lo que siempre ha habido unanimidad) y la eliminación de las reválidas, antes incluso de la formación del Gobierno y el inicio de las negociaciones para lograr un «nuevo» pacto educativo.

Frente al intento recurrente de la izquierda de ocultar el fracaso de su modelo educativo, –con la colaboración de los nacionalistas a los que se les ha entregado el monopolio de la historia distorsionada en sus territorios y la impunidad para no aplicar la ley y los fallos del Tribunal Constitucional–, impidiendo las evaluaciones objetivas de los resultados del sistema, los análisis internacionales lo han puesto de manifiesto de manera reiterada.

El último informe PISA realizado a 72 países de todo el mundo, en el que ha participado España con todas las autonomías ha vuelto a poner de manifiesto que la educación en nuestro país se ha estancado desde hace 15 años, y que nuestra pequeña mejora se ha debido al retroceso de los demás. El resultado es desigual y poco brillante, con una diferencia de entre uno y dos cursos entre Madrid y Castilla León, –las mejores–, y Extremadura y Andalucía, –las peores–.

El análisis objetivo del mismo debería servir para acabar con los estereotipos de la izquierda y su modelo, e inspirar el futuro pacto anunciado, lejos de dogmatismos, y buscando lo mejor para los alumnos. El objetivo no es volver a igualar por abajo, sino ver quién está mejor y las causas, y aplicarlo a los demás, para igualar por arriba y mejorar entre todos. Así, lo determinante no es la ley, pues todos tienen la misma. Ni el dinero, pues mayor inversión no garantiza mejores resultados. Lo determinante es contar con los mejores maestros que dominen los conocimientos que tienen que transmitir y cómo hacerlo, un sistema de evaluación permanente de los mismos y de lo que los alumnos aprenden, y un nivel de exigencia que garantice el aprendizaje, reconozca el esfuerzo y el mérito, y lo estimule. Dar autonomía a los centros para organizarse e impartir la enseñanza de la manera más eficiente, respetar la libertad de creación de centros y la libre elección de acuerdo con las propias convicciones garantizando su financiación, y todo ello dentro de la ley y del objetivo de garantizar la igualdad y la equidad de los alumnos. Esperemos que así sea.