La peregrinación a las fosas de Iguala

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se pasó toda la campaña electoral criticando la política de seguridad de su antecesor, Felipe Calderón, que le había pegado una patada al hormiguero y los muertos se sumaban por decenas de miles. Que «la guerra del narco», que llegó a ser más mortífera que la de Irak, no podía ganarse a base de pegar tiros era cosa sabida, pero algo había que hacer. Así que Calderón sacó al Ejército a las calles y lo lanzó contra los principales cárteles de la droga. Tuvo una virtud, la de exacerbar el enfrentamiento entre las propias bandas, que acabaron por fragmentarse en una miríada de pandillas, enzarzadas en disputas por el territorio. Nunca sabremos si Peña Nieto se hubiera resignado a reeditar la vieja política de pactos locales con los capos –la consabida tolerancia oficial a cambio de paz urbana–, de no haber mediado el asunto de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Allí, la colusión entre el Gobierno municipal y uno de los nuevos señores de la droga –«Guerreros Unidos»– mantenía la ficción de normalidad ciudadana, aunque todos los vecinos sabían de las luces que algunas noches bañaban la loma del Coyote de una extraña claridad. Allí escavan ahora los forenses tratando de contabilizar e identificar los restos humanos someramente inhumados. Y en el polideportivo municipal, las familias de los desaparecidos llegan desde todos los puntos del estado de Guerrero, y aun de más lejos, porque la Fiscalía General está buscando muestras de ADN para cotejarlas con los cadáveres que se van hallando. No hay DNI en México, ni funcionan como es debido los registros judiciales. En Iguala, han atendido la llamada familiares de unos 200 desaparecidos. Son casos que se repiten por todo México y que nos hablan de impunidad, pero también de torpeza e incapacidad profesional de policías, fiscales y jueces. Y del terror de unas gentes, en cuya experiencia cotidiana la Policía es sinónimo de crimen organizado. En el polideportivo, por ejemplo, hacía cola la hermana de Tomás Vergara, taxista, del que no se sabe nada desde julio de 2012. Dice que les pidieron 17.000 euros por su vida y que les fue imposible reunir el dinero. También estaban los padres de Marco Tapia, por el que exigieron un rescate mucho mayor –170.000 euros– que no podían pagar. Ni tenían modo de pedir ayuda a nadie, mucho menos a las autoridades. Ahora Peña Nieto propone un plan de choque, tan ambicioso que parece un brindis al sol y que empieza por extender el DNI a todos los ciudadanos, instaurar la vista oral en los procesos judiciales, sustituir los 1.800 cuerpos de Policía Municipal por un solo organismo de Seguridad Ciudadana y cambiar el sistema de selección de jueces y fiscales. El problema es que la población ha dicho basta y se avecina una gran protesta civil que no se conformará con simples promesas. Lo expresaba el viernes, con simpleza, José Francisco García González, el alcalde de Chilapa, también en el estado de Guerrero: «Estamos sobrepasados por el narcotráfico. No podemos hacerle frente sin la ayuda del Estado Federal». Y es que en su pueblo, pese al despliegue en toda la zona de policías y soldados que buscan a los estudiantes desaparecidos, las bandas de «los Rojos» y «los Ardillos» se matan con pasmosa regularidad: once decapitados, último balance.