La urgente reforma municipal

En un momento en el que el Estado de Derecho es confundido por algunos con el Estado bajo sospecha y en el que una sensible ciudadanía mira con lupa la gestión de los dineros públicos, la reforma de la Administración que prepara el Gobierno cobra una especial razón de ser.

Los ayuntamientos, precisamente por ser la unidad administrativa más cercana al ciudadano, se convierten en elemento prioritario de lo que debe ser una mayor optimización de los recursos del Estado, llevando las terminales de transparencia hasta la última concejalía. Es cierto que la gestión municipal merece el mayor reconocimiento por una prestación de servicios realizada casi con encaje de bolillos, como cierta es también la necesidad, tanto de reducir el número de municipios y concejales en un país que supera en número a la media europea, como de establecer nuevos criterios de control.

Ya sabemos que no todos los ayuntamientos se endeudan durante décadas, que no todos apuestan por tranvías millonarios ahora descansando en escondidos hangares, que la norma común no son los corralitos de clientelismo al más puro estilo Marinaleda, o que no siempre acaba convirtiéndose la concejalía de urbanismo en la mochila del conseguidor. No todo es dispendio, pero toca cambiar el concepto. Ya no hay recursos para que unidades municipales con ínfima capacidad recaudatoria manejen según qué competencias. En capítulo aparte quedan los llamados asesores, auténtica legión. Este domingo un chaval, o no tan chaval de las Juventudes Socialistas confesaba cándidamente en la antena de Onda Cero su edad y ocupación: «Tengo veinte años y... estoy en segundo de Bachillerato». Ahora que vivimos el debate sobre políticos que nunca han cotizado en empresas, nos viene la imagen de un joven repetidor como éste, iniciándose en una asesoría municipal con largo recorrido en política a la sombra del partido. Qué suerte tiene la Fundación Ideas.