No quiero ser Montoro

No me gustaría estar en la piel de Cristóbal Montoro, como tampoco tener que resolver el desaguisado de la financiación de las comunidades autónomas, pues se trata de un puzle de extraordinaria complejidad. Por un lado, ha llegado la hora de eliminar las discriminaciones que imposibilitan a determinadas regiones, precisamente las más endeudadas como la Valenciana o Cataluña, cumplir los objetivos del déficit. El presidente de la primera, Alberto Fabra, se cansa de denunciar que la Comunidad Valenciana recibe 211,5 euros por habitante menos que la media española. Sólo con que obtuviera los 318 euros de Cataluña, por no hablar de los 563 de Extremadura, hubiera cumplido la previsión del 1,5 por ciento.

El problema está en cómo afrontar semejante escenario. El sentido de justicia exige un aumento financiero para esas autonomías. La consecuencia: ¿a cuál se le disminuye?, ¿cuál va a aceptar esa penitencia? Ninguna, si no es a través de la obligatoriedad.

No sólo eso. El ministro de Hacienda, tras la reunión de ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, va a tener que reflexionar sobre la aceptación de peticiones añadidas como la flexibilización en la cifra del déficit según de qué autonomía se trate –que el Estado se comporte como la UE diferenciando la cifra de déficit según de la Comunidad que se trate–; la financiación del déficit que se vaya acumulando –las autonomías no pueden acudir a los mercados por insolventes–, y la retirada del déficit financiero de la contabilidad del déficit primario, para que las cifras no sean tan alarmantes. Como si los gastos financieros no hubiera que pagarlos. ¡Casi nada!

La pregunta necesaria: ¿puede España permitirse el conglomerado territorial actual? Así es la vida.