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La Razón
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España, por medio de sus gobernantes, paga a decenas de miles de asesores. El asesor no es otra cosa que el ciudadano que cobra de los impuestos de los españoles para asesorar a presidentes del Gobierno, ministros, presidentes autonómicos, consejeros de autonomías, alcaldes, tenientes de alcalde, concejales, y finalmente, a otros asesores. Porque hay dos tipos de asesores. Los que asesoran, y los que son asesorados por otros asesores de menor nivel asesorador. Nuestros representantes son, por la cantidad de asesores que asesoran, unos inútiles que necesitan de otros para cumplir con la misión que se les ha encomendado por el mandato de las urnas. Creo que sería justo y equitativo, que en las listas electorales, a la derecha del nombre del candidato y entre paréntesis, se especifique a partir de ahora, el número de asesores que pretende contratar el aspirante. Por ejemplo: Partido Socialista Obrero Español. Candidatura por Madrid. Número 1/. Pedro Sánchez (145). De esta guisa, sabríamos los electores, aproximadamente, el número de asesores que tendríamos que pagar sumando los de todos los candidatos, de todas las capitales de provincias, localidades sin capitalidad, pueblos y aldeas. Cifra estremecedora perfectamente susceptible de ser aumentada, por no existir una ley que establezca el tope de asesores de los políticos asesorados, que son todos.

El asesor ha alcanzado tanta importancia en España que urge su regulación académica. Facultades de Asesoramiento en todas las Universidades. Y después de tres años de estudio, licenciatura de «Asesor Técnico». Para conseguir el título de «Licenciado en Asesoramientos», dos años más de especialización y un «Máster» cualquiera. Los licenciados en Asesoramientos podrían acceder al doctorado presentando una tesis doctoral que habrían de defender en un examen oral y público. De tal modo, la sinvergonzonería y el derroche que hoy impera en la contratación de asesores a dedo, adquiriría la justificación académica y su valoración precisa. Un Asesor Técnico, sólo podría asesorar a concejales y viceconsejeros. El Licenciado en Asesoramiento, a ministros, alcaldes y consejeros. Los Doctores Asesores, a los presidentes autonómicos y a los presidentes del Gobierno, del Congreso, del Senado y del Tribunal Constitucional, con licencia de contratar diez asesores técnicos para ser asesorados y obtener la mayor competencia y brillantez en sus asesoramientos posteriores. Y “númerus clausus”, eso sí. El tope, un millón de asesores en toda España, con el fin de imposibilitar en un reciente futuro el pago de las pensiones de los jubilados, no asesores, que han pagado durante 40 años sus cuotas a la Seguridad Social.

Si triunfa el proyecto, podría crearse en España una segunda profesión con estudios universitarios. La licenciatura de «Chulos del Sistema». Para acceder a la Facultad de Chulos del Sistema sería obligatorio presentar un certificado firmado por un asesor del ministro de Cultura, en el que se detallaran todas las subvenciones públicas percibidas por el aspirante durante su vida. Tendrían preferencia los productores de Cine, y serían admitidos sin más trámites todos los cineastas que hayan producido películas que no se han estrenado, o largometrajes en los que la heroica bondad de los maquis sufre a manos de la perversa crueldad de la Guardia Civil. El productor de las «12 Rosas», por ejemplo, mi amigo Enrique Cerezo, obtendría el título sin necesidad de examinarse. Y los Bardem, los Barroso, los ésos y los de más allá. Todo es cuestión de normalizar los desafueros de la anormalidad actual. Los de alguna ONG tampoco estarían obligados al examen. Y el productor y actor Arturo Fernández, que no ha cobrado en su vida ni un céntimo del Estado, tendría vetado su ingreso en la Facultad.

De tal modo, que con un millón de Asesores titulados y 100.000 licenciados en Chulería del Sistema, los pensionistas del futuro, acudirán a votar entusiasmados, a su puta madre.