Policía política catalana

Hasta septiembre del 2015 ejercí el cargo, no remunerado y voluntario, de presidente de «Societat Civil Catalana», asociación que promueve la movilización de los constitucionalistas en Catalunya hartos del proceso rupturista, recopilar denuncias de colegios por adoctrinamiento nacionalista, señalar el acoso al que son sometidos los empresarios discrepantes del mandato oficial, interponer acciones judiciales para denunciar la presencia de banderas separatistas en edificios públicos y exigir neutralidad a los medios de comunicación. Todo ello provocó una enorme dosis de odio del mundo independentista contra Societat Civil Catalana y muy especialmente hacia mi persona. Un día después de las elecciones autonómicas del 27-S del 2015, anuncié mi dimisión de la presidencia de SCC «por razones de índole personal y profesional», aunque ciertamente pesó una causa: la interposición de una querella por injurias promovida por el actor Toni Albà, acusado de usar un perfil falso de Facebook e insultar a «relevantes figuras del independentismo». A pesar de la falsedad de la acusación, una campaña mediática se orquestó contra mí y SCC, hasta que un Juzgado archivó la causa, al considerar que no había caso. Señalado, amenazado, insultado y vejado, vivir en Catalunya contra el separatismo y sin protección mediática, es un suicidio y decidí dar un paso atrás. El pasado 17 de diciembre me llamó un periodista para comunicarme que tenía constancia de que una unidad de los «Mossos d´esquadra», realizó en mi entorno personal, investigaciones y seguimientos con el fin de eliminarme social y públicamente. La información salió en varios digitales el 18 de diciembre, noticia de la que no tengo constancia oficial y sólo la conozco por lo que sale en los medios de comunicación. La información decía que «los Mossos tenían orden de acabar con la honorabilidad de los principales miembros y líderes de Sociedad Civil Catalana, y con especial intensidad en uno de sus líderes: el que fuera presidente de la organización constitucionalista hasta 2015, Josep Ramon Bosch», según consta en uno de los informes que los Mossos d’Esquadra intentaron destruir en una incineradora el pasado 26 de septiembre y que no pudieron ser eliminados por la intervención de miembros del Cuerpo de Policía Nacional.

Societat Civil Catalana no fue la única asociación o entidad a la que se espío, ni yo he sido el único al que con dinero público se ha intentado destruir la vida. Dirigentes de «Ciutadans», personalidades del Gobierno de España y del PP, el Secretario General del Sindicato de Policíes de Catalunya, David Mañas, su mujer, el abogado Fuster-Fabra... Seguramente en Catalunya somos legión los catalanes que hemos sido espiados con el consentimiento, conocimiento y colaboración de distintos mandos del cuerpo regional de policía, durante el mandato del mayor Trapero, de forma sistemática con fondos reservados.