Prisión

Cuando la realidad nos espanta enseguida miramos el Código Penal y su aplicación. La respuesta ciudadana ante los crímenes y abusos es automática: «que se pudra en la cárcel». En España se mantiene, Artículo 25.2 de la Constitución, que «las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social». El Supremo en un atajo destinado a que las ventajas no estuvieran de parte del asesino o el violador, o ambas cosas, se inventó la Doctrina Parot. Los beneficios aplicados al total de unas penas de cientos o de miles de años en realidad dejaban en la cárcel al condenado el máximo tiempo legal. Fue un acertado golpe a las defensas de los malos que tumbó en octubre de 2013 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo al dar la razón a la etarra Inés del Río. En una intervención para enmarcar el Abogado del Estado, Isaac Salama, defendió con arrojo y datos que esta doctrina no suponía alargar la pena y preguntó al tribunal: «¿es igual un asesinato que 132 asesinatos?» , Inés del Río había matado a 24 personas y lo intentó con 108. La respuesta al representante legal del Estado Español fue que sí que es igual 1 que 100. Desde Estrasburgo abrieron las puertas de la cárcel para 60 etarras, media docena de grapos y una quincena de delincuentes entre los que se encontraban al menos cuatro violadores. Especialistas y asociaciones de mujeres denunciaron que estas excarcelaciones sin control de tipos que no se habían sometido a tratamiento alguno eran un peligro público. Eran libres pero no habían sido reeducados ni estaban reinsertados. En abril del 2014, meses después de su puesta en libertad se detenía al «violador del estilete», en octubre al «violador del portal» que de aquella condena de 1.721 años apenas cumplió 18, los mismos que García Carbonell detenido de nuevo en enero de 2015. El último en junio de 2017 el «violador del ascensor» reconvertido en sus últimos meses en el «violador de La Paz». Estrasburgo fue un revés e impulsó algo que ya estaba en los debates y en el programa del PP con el que consiguió la absoluta, la Prisión Permanente Revisable. Entró en 2015 en el Código Penal y va camino de salir si prospera la proposición de ley para anular esta figura para delitos especialmente graves y repugnantes. La derogación está pendiente de la comisión de Justicia o del pleno pero la iniciativa presentada por el PNV fue apoyada por la izquierda y por la abstención de Cs. Estos días hay silencios tan ilustrativos como cobardes. Nos dirán eso de que no hay que legislar en caliente.