Seguirá la incertidumbre

Desde que la Generalitat catalana apostó decididamente por la ruptura institucional unilateral, la economía de la región se ha resentido sustancialmente: durante el último trimestre de 2017, su PIB crecerá a la mitad que en el resto de España; el pasado mes de noviembre, Cataluña pasó de situarse a la cabeza de la creación de empleo a ubicarse a la cabeza de la destrucción de empleo; los precios de la vivienda, que siguen aumentando a buen ritmo en el conjunto de España, también han experimentado un drástico frenazo en la región; y, por supuesto, la salida de sedes sociales de Cataluña –más de 3.000 hasta la fecha– dista de haber concluido.

¿Cuál es la causa última de todos estos perjuicios? La incertidumbre. Si algo buscan los inversores, aparte de rentabilidad, es seguridad –jurídica, económica, social e institucional–: sólo en un entorno seguro se muestran dispuestos a inmovilizar su capital para tratar de generar más riqueza; sin una mínima seguridad y previsibilidad, es mejor mantenerse en líquido. Y —huelga señalarlo—si algo no ha aportado el proceso independentista es seguridad para nadie: la tensión social se ha disparado en una población totalmente fracturada; los gobernantes, al incumplir de raíz la ley, han terminado o encarcelados o fugados a Bruselas; la Unión Europea ha marcado distancias con Cataluña ante la perspectiva de que pueda independizarse; y las instituciones autonómicas han sido suspendidas a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pues bien, tras las elecciones de este 21 de diciembre, la incertidumbre continuará instalada en la Generalitat de Cataluña y, mientras ello suceda, será muy complicado que la economía vuelva a levantar cabeza. Un problema, por cierto, no sólo para la propia Cataluña, sino también para el resto de España: si uno de tus motores se para, el resto necesariamente acabarán resintiéndose.