Shylock iba por delante

“(...)¿El judío no tiene manos, órganos, dimensiones, sentidos, afectos, pasiones? ¿No es alimentado con la misma comida y herido por las mismas armas, víctima de las mismas enfermedades y curado por los mismos medios, no tiene calor en verano y frío en invierno, como el cristiano?(...)», Shylock en «El mercader de Venecia», demostraba estar por delante de algunos gobiernos varios siglos después.

Los dogmatismos ideológicos hacen mucho daño a las personas. La crisis ha dado un buen pretexto a algunos que han intentado imponer un modelo de pensamiento basado en el individualismo. La reducción del Estado de Bienestar y, en concreto de la Sanidad pública, ha sido el vehículo.

Los frentes en los que se han tomado medidas de recorte y desgaste de la Sanidad pública han sido tres: los copagos farmacéuticos, el recorte en las prestaciones y la desuniversalización de la cobertura sanitaria. Los copagos son una manera de repercutir al paciente el pago por una decisión que no es suya: la prescripción del medicamento la hace el médico. Por tanto, se convierte en un impuesto a la enfermedad. Un sistema justo es aquél en el que aporta más el que tiene más capacidad de pago y no el que está más enfermo.

El recorte en prestaciones ha supuesto que algunos gastos sanitarios han pasado a ser soportados exclusivamente por el paciente, ejemplos claros son la desclasificación de más de 400 medicamentos que quedaron excluidos de la cobertura pública o los cierres de algunos centros de urgencias en Castilla-La Mancha.

En tercer lugar, el Real Decreto Ley 16/2012 introdujo modificaciones en la cobertura. La exclusión de la atención sanitaria de las personas inmigrantes no regularizadas, entre otros, es de facto, la ruptura con un sistema de salud que tenía vocación de universalidad.

La Comunidad de Madrid, siempre avanzadilla de este tipo de experimentos, incorporó medidas adicionales como el euro por receta, que finalmente fue retirado como consecuencia de sentencia del Tribunal Constitucional a partir de un recurso interpuesto por 50 senadores socialistas.

El viernes, la Sra. Cifuentes anunció la marcha atrás en otro de los grandes errores del Gobierno popular de la era Aguirre: la exclusión en la atención sanitaria de los inmigrantes no regularizados. A partir de ahora se va a prestar de igual manera que se hace en otras comunidades socialistas.

El derecho a la protección de la salud es un derecho que entronca con los valores de dignidad, libertad e igualdad que inspiran el ordenamiento jurídico. Es un derecho que no difiere en nada de los derechos civiles y políticos que, en palabras de Amartya Sen, configuran el «Sancta Sanctorum» de los derechos fundamentales constitucionales.

La concepción de la protección de la salud como un derecho de segunda generación, supeditado a la coyuntura económica circula en sentido contrario a la tendencia en el Derecho internacional y a la opinión de los españoles que apoyan en un 85,9% un sistema público financiado con impuestos que dé cobertura a las necesidades sanitarias del país.

Pero lo que subyace detrás de la exclusión es algo antiguo, casi decimonónico: es la diferenciación entre personas y ciudadanos. Los derechos son de las personas. El concepto de titularidad de derechos por ciudadanía y el de ser ciudadano por la situación de regularización legal es tan antiguo y desechable como el de intento de distinguir entre derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la libertad de prensa o el derecho al voto, y derechos sociales, como la sanidad. Especialmente cínica en la priorización de derechos patrimoniales sobre el derecho a la salud.

Retirar la asistencia sanitaria a los inmigrantes no regularizados no sólo es una posición moral inaceptable éticamente, además es torpe en términos de salud pública. Una persona enferma de tuberculosis pude contagiar a un vagón lleno de pasajeros de metro. La exclusión de colectivos desfavorecidos, con alto riesgo de padecer enfermedades infectocontagiosas, es un riesgo de salud pública inconcebible en un país avanzado.

Sería bueno salir del agotador y enfermizo bucle de la confrontación entre nacionalismos, independentismos y otros artificios políticos para abordar de manera seria y leal con el 85,9% de la población española el blindaje de la garantía constitucional del derecho a la salud y la sostenibilidad externa e interna el sistema.

El PSM ha dado durante años una dura batalla frente a las posiciones del PP de Aguirre para defender un sistema sanitario público universal, gratuito y de calidad en Madrid. Por fin, la sra. Cifuentes rectifica lo que era un error descomunal, lástima que algunos no podrán celebrarlo hasta que se incorporen de sus vacaciones.